Reprueba donativos de Emilio (Queja ante la CEDHJ).


                                            

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Contra la discriminación


Mural. 1 de abril de 2008

Puntos y contrapuntos

Por Pedro Mellado

La historiadora Laura Campos Jiménez, egresada de la Universidad de Guadalajara, presentó el pasado domingo 30 de marzo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que acusa al Gobernador Emilio González Márquez de violar los derechos de las clases marginadas en Jalisco, de incurrir en discriminación contra las minorías religiosas, al donar 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, y de fomentar la violación del Estado laico.

En la copia enviada a esta columna, argumenta: a).- “El Estado mexicano es laico y no podrá establecer ningún tipo de preferencia privilegio a favor de religión alguna. Tampoco favor o en contra de ninguna iglesia y agrupación religiosa” (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, LARCP, Art. 3). En este caso, queda evidenciado que el Gobernador tiene especial predilección por favorecer económica y políticamente a la Jerarquía católica, excluyendo con esto a las demás asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación”.

Agrega: b).- “Corresponde al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de ley. Las autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito Federal, serán auxiliares de la federación en los términos previstos en este ordenamiento las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares” (LARCP, Art. 25). Emilio González Márquez, desde que fue Presidente Municipal de Guadalajara, asistió y participó, junto a obispos y sacerdotes católicos, en las jornadas de trabajo del simposio teológico del Congreso Eucarístico Internacional (en horario de trabajo) llevado a cabo las instalaciones de la UNIVA, en octubre del 2004.

Reseña: c).- “Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en asuntos internos de las asociaciones religiosas” (LARCP, Art. 25). De los fondos públicos, definitivamente, no se pueden financiar las labores de ninguna Iglesia en particular y promover ningún tipo de proselitismo religioso. Son dos ámbitos distintos. Cualquier reconocimiento o distinción especial a una religión determinada, viola la igualdad que debe haber en los distintos cultos, al poner algunos de ellos en posición privilegiada. Estas prácticas son anticonstitucionales, inmorales y discriminatorias.

Precisa: d).- “Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones” (LARCP, Art. 6). El gobernante puede creer lo que sea, pero tienen la obligación constitucional de respetar y hacer aguardar lo que dicta nuestras leyes, reglamentos y la Constitución. Hacer lo contrario significaría poner en riesgo la estabilidad social, porque no se pueden confundir las creencias privadas con las funciones públicas. Simular el respeto al Estado laico y no tener relaciones igualitarias y equitativas con todas las iglesias, es una forma grotesca de discriminación.

Reflexiona: e).- “(Las asociaciones religiosas deberán) aportar bienes suficientes para cumplir con su objetivo”. (LARCP, Art. 7, Fracción III). En este sentido, el Gobernador quiere apoyar a una Iglesia -a la cual pertenece- con donativos millonarios para su financiamiento, en un acto de exclusión y discriminación para las asociaciones religiosas no católicas, dado a que la función del Estado no es financiar Iglesias.

 pedromellado@gmail.com

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