Historia y laicismo en México…


Por Patricia Galeana

La cultura de la intolerancia religiosa se estableció en México desde la conquista española. En España el Estado se había cohesionado en torno de la religión católica, con la expulsión de musulmanes y judíos. La Inquisición se erigió para perseguir al que pensara diferente. La alianza entre la corona española y la iglesia católica se selló mediante el establecimiento del Regio Patronato.

La iglesia, como aliada del imperio español, condenó a la insurgencia; excomulgó a sus miembros y se negó a reconocer la Independencia, hasta quince años después de consumada. Los papas Pío VII, León XII, Pío VIII y Gregorio XVI siguieron increpando al pueblo de México, para que aceptara el dominio español, hasta 1836. Después, el Pontificado se negó a firmar un concordato con los gobiernos mexicanos, no obstante que todas sus Constituciones, desde la de 1814, la federalista de 1824 reestablecida en 1847 y las dos centralistas (1836 y 1843), establecían un Estado confesional e intolerancia religiosa y por tanto reconocían a la iglesia como un poder constitucional.

Después de luchar por la independencia de España, el liberalismo mexicano buscó la independencia del Estado mexicano respecto de la iglesia. En 1833 una segunda generación de liberales quiso asumir el Patronato que había ejercido la corona española sobre la iglesia católica, por considerarlo un derecho de todo Estado soberano en el territorio bajo su jurisdicción. El pontificado lo rechazó por considerarlo una concesión que no iba a otorgar a un país cuya independencia no reconocía.

Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora intentaron someter a la iglesia convirtiéndola en órgano del Estado. Al mismo tiempo quisieron sustituir al ejército pretoriano por guardias cívicas. Las corporaciones eclesiástica y militar se unieron al grito de “¡Religión y fueros!” y el intento reformista fracasó. Una tercera generación del liberalismo emprendió una segunda reforma social y logró la creación del Estado laico mexicano.

Fue un largo y conflictivo proceso que inició en 1855 con leyes moderadas. La primera de ellas fue la ley de administración de justicia conocida como la ley Juárez por el apellido de su autor. La ley tenía el objetivo de establecer la igualdad jurídica de los mexicanos, razón por la cual limitó los fueros sin suprimir ni a los tribunales eclesiásticos ni a los militares, sólo se evitó que ventilaran delitos del orden común. No obstante, fue condenada por el papa Pío IX. El obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, financió el levantamiento armado de Antonio Haro y Tamariz contra el gobierno. Ello provocó que se pasara de la secularización de los bienes del clero planteada desde 1833, a la nacionalización de los bienes del obispado de Puebla.

 ***

La Constitución de 1857 incorporó las leyes reformistas, facultó al Estado para legislar en materia de culto y dio un paso trascendental al superar la intolerancia religiosa y dejar implícita la libertad de cultos. La iglesia sacó su arma más poderosa: la excomunión ipso facto a quienes juraron la Constitución. Estalló la guerra civil. En la parte más cruenta de la guerra se decretaron las leyes de Reforma. La legislación fue presidida por un manifiesto en el que el gobierno constitucional explicó que la iglesia había promovido la guerra civil. Por tal razón procedió a nacionalizar los bienes del clero para indemnizar a la República.

El corpus que conocemos con el nombre de leyes de Reforma consta de cuatro leyes y cuatro decretos. Dos son producto de la guerra: la ley de nacionalización de bienes del clero y el decreto de supresión de las corporaciones religiosas, y tres leyes son esenciales para la laicidad del Estado: la del matrimonio y el registro civil y la de libertad de cultos, así como los decretos de secularización de cementerios y de hospitales y el de días festivos, que evitó que los funcionarios asistieran con carácter oficial a actos religiosos. La ley de libertad de cultos significó la culminación de la reforma liberal. Acababa así la mezcla de la política y de la religión, que había prevalecido durante las cuatro primeras décadas de la vida independiente de México, separándose los asuntos civiles de los eclesiásticos.

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A la guerra civil siguió la guerra contra la intervención francesa y el segundo imperio. El jefe del ejército francés, Forey, lo primero que hizo al tomar la ciudad de México fue declarar que Napoleón III vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio esencial a los Estados modernos. Maximiliano ratificó las leyes de Reforma de Juárez, aunque declaró a la religión católica la religión oficial del Estado y por tanto quiso ejercer el Patronato.

Al triunfo de la República, Juárez intentó dar rango constitucional a las leyes de Reforma, pero las heridas estaban aún abiertas. Aplicó la legislación con indulgencia. Los propios conservadores como Francisco de Paula Arrangoiz consideraron que la iglesia gozó de más libertades con Juárez que con Maximiliano. En efecto, Juárez ya no buscaría hacer uso del Patronato al establecerse la completa separación entre Estado e iglesia. Fue en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, cuando se dio nivel constitucional a las leyes de Reforma. No obstante, fue hasta la Constitución de 1917, que reformó a la Constitución de 1857, que ya no se otorgó protección especial a la religión católica y no fue jurada por Dios. La jerarquía de la iglesia católica había apoyado a la contrarrevolución huertista, razón por la cual la revolución constitucionalista fue anticlerical. Después, el alto clero se enfrentó a los gobiernos emanados de la Revolución y promovió la rebelión cristera.

La cristiada concluyó con una negociación con el gobierno de Emilio Portes Gil. Dio inició una entente cordial, con base en la cual la iglesia fue retomando nuevamente fuerza política a ciencia y paciencia de los presidentes en turno, hasta que en 1992 se reformó la Constitución para otorgar personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, y se establecieron relaciones diplomáticas con la cabeza de la iglesia católica.

***

Al llegar el Partido Acción Nacional al poder, la jerarquía eclesiástica católica se está convirtiendo en un desiderátum de la política nacional; en un poder fáctico que busca abiertamente acabar con el Estado laico mexicano y restablecer un Estado confesional. El papa Pío IX condenó al liberalismo y el principio de soberanía del Estado en el Syllabus de 1864.

Fue hasta el Concilio Vaticano II en 1965, inspirado por el papa Juan XXIII, que la iglesia católica aceptó la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, el papa Benedicto XVI alienta hoy un movimiento integrista que busca la unión de religión y política, de Estado e iglesia, mediante el restablecimiento de Estados confesionales. Ratzinger ha dado su bendición al movimiento de neocatecúmenos que encabeza en España Kiko Argüello y que pretende acabar con lo que llaman laicismo negativo del siglo XIX, para establecer un “laicismo positivo” que propicie la religiosidad, en particular el catolicismo. Es una nueva cruzada. 

Lo anterior confirma lo señalado por Ernesto Renan de que la nación es el plebiscito de todos los días, que nada se da de una vez y para siempre. Hubo quienes pensaron que la separación del Estado y de la iglesia, como principio propio de todo Estado democrático, era irreversible, ya que también favorecía a la institución eclesiástica al respetar su autonomía. Se creyó que el Estado laico no tenía enemigos sino sólo malquerientes. Sin embargo, la abierta campaña de la iglesia contra la laicidad del Estado demuestra lo contrario. Las relaciones Estado-iglesia han vuelto al centro de la vida política mexicana.

***

El episcopado ha planteado la necesidad de hacer una reforma constitucional para establecer una “verdadera libertad religiosa”, no de convicciones éticas y filosóficas. Quiere que se imparta religión en las escuelas públicas y que el Estado la subvencione. O sea, volver al Estado confesional anterior a las leyes de Reforma del periodo juarista. El propio cardenal Tarsicio Bertone, brazo derecho del papa Ratzinger, se manifestó en contra del “laicismo decimonónico” mexicano desde el teatro de la República en Querétaro. Aunque la Constitución vigente sólo mencione la palabra laica textualmente una sola vez, al señalar en el artículo 3 que la educación que imparta el Estado será laica, la laicidad del Estado está implícita en la Constitución, de otra manera no podría impartir educación laica un Estado que no lo fuera.

La violación reiterada a la laicidad del Estado por autoridades de los tres niveles de gobierno aliados a la institución eclesiástica y que han permitido su injerencia en los asuntos públicos, ha hecho necesario promover reformas constitucionales para reiterar explícitamente que la República mexicana es laica. La laicidad debe extenderse a todos los ámbitos del Estado mexicano como el sector salud. Hace falta también reformar al artículo 24, sustituyendo el concepto decimonónico de la libertad de cultos, un gran paso en el siglo XIX, pero que es insuficiente en el siglo XXI, donde no solamente debe haber libertad para profesar una religión sino para no tener ninguna.

Debe garantizarse tanto la libertad de conciencia, o sea la de profesar en forma privada cualquier culto, como la religiosa que implica exteriorizar su religión en actos de culto externo, y también el respeto a quienes no tienen religión y sí tienen derecho a sus convicciones éticas y filosóficas. El que en nuestro tiempo se haya criminalizado en 18 estados a las mujeres siguiendo la agenda dictada por la iglesia, que impone sus concepciones religiosas privando a las mujeres de su derecho a decidir sobre su cuerpo; el haber desatado la homofobia social al calificar de anormales y perversas a las personas homosexuales, violando lo establecido por la Constitución en cuanto a no discriminar a nadie por razón de su sexo o ninguna otra condición; el que se declare por las autoridades de la iglesia mayoritaria que no hay que obedecer a las leyes de los hombres sino sólo a las de Dios; nos habla de la crisis en que se encuentra el Estado laico en México y por ende nuestra democracia.

***

Quienes nos formamos en la historiografía liberal, de la que la Revolución mexicana se hizo heredera, nunca pensamos que en el inicio del siglo XXI, fuera necesario defender al Estado laico mexicano, cuyo establecimiento costó tanta sangre. En este contexto cobra mayor significación el 150 aniversario de las Leyes de Reforma, que crearon al Estado laico mexicano. Los aniversarios son momentos propicios para la reflexión, pero en este caso la celebración pasa de ser un tema de efeméride histórica para convertirse en tema del debate político actual. De ahí la importancia de releer el manifiesto, las leyes, y circulares de la reforma liberal. 

Tanto en el manifiesto firmado por Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ruiz, como en los considerandos y artículos de cada ley, así como las circulares de sus autores, se hace manifiesta la acción de la iglesia en contra del Estado mexicano y la razón que asistió a éste para asumir la soberanía a plenitud, terminando con la delegación de funciones que habían quedado en manos de la iglesia y sometiendo a la institución patrocinadora de la guerra a la autoridad soberana del Estado. El mayor legado de la generación juarista fue la independencia del Estado de la iglesia. La mezcla de los asuntos políticos y religiosos causó una guerra civil y la ocupación extranjera más prolongada y sangrienta que ha sufrido nuestro país desde su independencia.

La efeméride del sesquicentenario de las leyes de Reforma se presenta en el momento en que se requiere defender al Estado laico, por ello la lectura de estos textos fortalecerán no sólo la cultura histórica y jurídica, sino la política. Una ciudadanía informada lleva a una vida democrática. Sin laicismo no puede haber democracia.

Por ello, después de releer los textos de las leyes dados en plena guerra civil de Reforma en Veracruz, consideramos que la mejor forma de preservar el legado de la reforma liberal juarista es modificar el artículo 24 constitucional para establecer la libertad de conciencia y no solamente de cultos, y reformar la Constitución para señalar explícitamente que el Estado mexicano es laico.

Historia y laicismo en México (PDF)

Fuente: Este País, n. 228, abril de 2010, pp. 14-16.

4 comentarios

  1. octubre 20, 2010 a 4:36 pm

    que estado mexicano se declaró laico y tomo a las iglesias, para convertirlas en escuelas??????

  2. Eliseo Rivera P said,

    enero 16, 2012 a 6:48 pm

    Introducción

    Relacionar a la educación con el laicismo y con la vida cotidiana nos da ocasión de aquilatar uno de los principios fundamentales que garantizan nuestras libertades. La laicidad ha tenido una enorme importancia en la historia de México. En nuestro tiempo, es un principio con implicaciones de gran relevancia y en consecuencia, conviene discutirlo para tener ideas claras que nos ayuden a apreciarlo

    Es saludable que en el medio académico se dé la debida atención al tema de la vigencia de este principio de la educación nacional. La valoración de lo rico y complejo de sus planteamientos jurídicos y filosóficos, y de sus consecuencias para la vida cotidiana y para el futuro de la nación, se beneficia del tratamiento riguroso y ecuánime que pueda imprimirle el debate académico.

    Fundamento Legal

    Art. 5 – La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

    Nuestra constitución establece que la educación que imparta el estado debe ser laica, y la define como aquella que se mantiene “por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. El laicismo en el ámbito educativo es la expresión del principio histórico de separación del Estado y las iglesias, así como de un conjunto de normas que, por un lado, impiden al Estado establecer preferencias o privilegios a favor o en contra de religión alguna y, por otro, de la garantía de la libertad de creencias, de la cual se derivan derechos específicos para todo individuo, a saber: tener o adoptar la creencia religiosa de su preferencia, o bien no profesar creencia religiosa alguna y no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de tales creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre ellas.

    El laicismo en la educación responde a las necesidades de un pueblo como el nuestro, que ha aspirado a asegurar la libertad de conciencia, a afianzar, mediante la educación, una forma de gobierno y un sistema de vida democráticos en los que se exprese el pluralismo social y político del país; y a respetar plenamente las garantías individuales y los derechos humanos de toda persona.

    La educación laica es una condición del desarrollo libre de los individuos, pues asegura la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen. Ante el Estado y ante la ley estas personas son iguales.

    Además, el laicismo en la educación, ha hecho posible la superación de conflictos sociales que en otras épocas dividieron profundamente a los mexicanos y ha puesto a salvo de dichos conflictos a las comunidades escolares al respetar la libertad de creencias de los niños y de sus padres.
    Por otra parte, hemos comprendido la necesidad de reconocer la diversidad y de respetar los derechos de las minorías. El laicismo en la educación hace suyos estos dos principios democráticos y con ellos garantiza el principio de igualdad jurídica de todos ante la ley.

    Asimismo, el Estado laico garantiza la libertad de conciencia, por ello no adopta ni se opone a los credos de las diversas religiones.

    Veamos cada una de estas condiciones del laicismo, imaginando las consecuencias de su incumplimiento en el ámbito educativo.

    Si el Estado adoptara en la educación pública las creencias que emanan de algún credo religioso, violaría la libertad de creencias de aquellos que no comulgan con ese credo, y con ello, uno de los derechos humanos del pueblo mexicano, pues al adoptar una religión se negaría la libertad de unos y la igualdad de todos.

    Pero en nuestra concepción de laicismo, tampoco tiene lugar la oposición a las convicciones religiosas, y las posturas ateas y agnósticas también son respetadas. En la escuela no se demuestran las creencias religiosas de los educandos, ni se busca sustituirlas por otras: la educación laica no es antirreligiosa. En la escuela se enseña que la adhesión a un credo religioso es un derecho de las personas y que por lo tanto debe ser respetada.

    Introducir en la escuela pública distinciones que tengan como base los credos religiosos de los alumnos, abriría la puerta a privilegios, conflictos, exclusiones y discriminación que, precisamente, la educación está llamada a combatir. La escuela pública laica está abierta a todos sin distingo alguno.

    La educación es indispensable en la democracia y para la democracia, puesto que todos los ciudadanos requieren estar capacitados para comprender los principios y normas que los rigen y para participar en su conformación. Por ello, la educación básica en México tiene carácter universal y obligatorio. Su obligatoriedad compromete al Estado a impartirla mediante planes y programas en los cuales se omitan los credos religiosos.

    La educación laica no cuestiona los fundamentos de las religiones, pero tampoco se basa en ellos, sino en los resultados del progreso de la ciencia, cuyas conclusiones no pueden ser presentadas sino como teorías que se cotejan con los hechos y los fenómenos que las confirman o refutan. Prescinde, así, de pretensiones dogmáticas y se ubica en la libertad.

    Conviene recordar que la escuela y las iglesias tiene fines diferentes y responden a necesidades humana distintas. Aunque ambas instituciones tienen un papel legítimo en la sociedad, sus métodos de trabajo son diferentes: las escuelas forman ciudadanos y las iglesias, devotos.

    Impartir educación laica en un contexto cultural en el cual las creencias religiosas tienen un lugar relevante, nos lleva a considerar la manera como éstas son recibidas y tratadas en la escuela.

    Consideramos, por ejemplo, que cada niño llega a la escuela con principios y valores aprendidos fuera de ella, en el medio social al que pertenece. Dichos principios y valores condicionan muchos aspectos de su conducta, y algunos, incluso, tienen un origen religioso.

    A la escuela corresponde partir de un pleno respeto a las convicciones del educando. En ella se aprenderán los principios que la sociedad considera valiosos, los cuales coincidirán en mayor o menor medida con lo que su familia y el medio social más amplio le han transmitido. Pero la escuela tiene la obligación de brindarle también las herramientas conceptuales y de juicio que progresivamente lo ayuden a examinar por su propia cuenta el conjunto de los principios que guían su conducta, para sostenerlos o modificarlos, según los criterios que libremente vaya formando en su proceso de maduración, de modo que pueda hacer compatible sus convicciones, con los imperativos de la convivencia y se encuentre en aptitud de hacer valer su libertad de conciencia ante la sociedad.

    La escuela no es el lugar donde se examinan las creencias de los educandos, sino donde se ofrece un marco de valores universales que hace posible la convivencia de personas con diferentes credos y costumbres, y que ayuda al estudiante a revisar los que le son propios.

    La escuela proporciona al alumno nociones y saberes a fin de que construya explicaciones y respuestas para las grandes interrogantes que lo inquietan, y para poder elegir con fundamento las propuestas a las que se adhiere y sobre las cuales desea edificar su propia vida.

    Los valores y principios que transmite la escuela laica al estudiante contribuyen a que sus creencias, sus costumbres y sus actos, sean acordes con la dignidad y los derechos de las personas. Al brindar una cultura nacional y universal, la escuela amplía los horizontes espirituales del alumno; al proporcionarle conocimientos, le da la posibilidad de comprender el mundo y participar en su transformación. Multiplicar sus opciones ensancha márgenes de su libertad.

    El laicismo no impone una visión del mundo: crea las condiciones para que cada quien libremente construya la propia.

    El laicismo significa neutralidad en materia religiosa, pero no neutralidad valorativa o moral. No sólo permite, sino estimula una educación valoral. Aún más, el laicismo comprende y alienta principios que los mexicanos hemos asumido como fundamentales a lo largo de nuestra historia, como el respeto, la tolerancia, la libertad de conciencia, y la igualdad jurídica ante la ley; principios que, a su vez, implican una profunda consideración de la libertad, de la igualdad y de la justicia.

    El articulo 3º Constitucional establece con claridad los principios y fines de la educación nacional, entre los cuales sobresalen: el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad; los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, religión, grupos, sexos o individuos; el amor a la patria, la solidaridad internacional en la independencia y la justicia; la democracia y el nacionalismo.

    Con base en estos principios y a fin de fortalecer una conciencia favorable a los derechos humanos, hemos llevado a cabo la reforma de los planes y programas de estudios de la educación básica para reforzar la formación cívica y ética de los educandos. Se trata de fomentar una cultura nacional incluyente, en la que conviven los distintos modos de entender la vida, en una sociedad tan plural como la mexicana. Se trata también de que los niños y los jóvenes sean capaces de apreciar y enriquecer lo que su país les ofrece; así como de atender, en el ejercicio responsable de su libertad, las exigencias que les plantea la vida en sociedad.

    Hemos sido especialmente cuidadosos al traducir estos principios en contenidos y métodos de enseñanza, conscientes de que esta materia exile la mayor prudencia, pues se actúa en un campo delicado que no sólo compete a la escuela, sino también a las familias y a la sociedad en su conjunto.

    Los valores contenidos en la sociedad, están sustentados en un profundo respeto a la dignidad del ser humano. Su eficacia pedagógica depende de que se logre que los educandos entiendan que su dignidad y las de los demás son iguales, y de que aspiren a relacionarse con los otros de manera libre y justa.

    Sin embargo, como hemos dicho, en la formación valoral laica no basta el enunciado de valores y principios, sino que es necesario proporcionar al estudiante los conocimientos indispensables que le permitan convertirlos en forma de vida. La naturaleza humana, el desarrollo del adolescente, el conocimiento de sus derechos y obligaciones y de las condiciones para el funcionamiento de la democracia, son temas imprescindibles para este propósito.

    Además, es necesario que la reflexión y el diálogo les brinden la capacidad de esbozar un proyecto de vida propio y de comprometerse con los principios y proyectos colectivos. Por eso la formación cívica y ética tiene que ver con la inteligencia, la sensibilidad, las emociones y la conducta. Así, cuando los estudiantes se enfrenten a conflictos de valores, se encontrarán mejor preparados para decidir y asumir su responsabilidad.

    Como resultado de una buena educación, los estudiantes no guiarán su conducta únicamente por la obediencia a disposiciones o normas, sino que deberán ser capaces de reconocer, en contextos y circunstancias variables, la necesidad de reflexionar, discernir, decidir y actuar conforme al criterio que se hayan formado. La educación cívica y ética de hoy, invita a los estudiantes a reflexionar, a buscar la información necesaria y relevante para juzgar con la mayor precisión posible los hechos y las circunstancias, antes de tomar decisiones.

    Una materia como ésta no puede tener una fundamentación filosófica definitiva, puesto que existe un intenso y permanente debate entre los distintos fundamentos posibles; ni siquiera puede contar con métodos y contenidos definitivos, porque éstos tendrán que enriquecerse permanentemente con las propuestas que surgen de una sociedad en constante transformación.

    Una asignatura escolar que se proponga formar cívica y éticamente, no puede aspirar a entregar un código de valores terminado y autosuficiente, con una jerarquía inamovible entre los principios que promueve. Debe mostrar a los estudiantes la necesidad de buscar la explicación, el sentido y las consecuencias de sus actos, a fin de que puedan apoyarse en el valor esclarecedor de los principios universales que la humanidad y su nación han ido construyendo en un proceso histórico, en el cual habrán de tener la curiosidad de atenderse.

    La formación cívica y ética educa para la democracia, esto es, prepara para su ejercicio y posibilita su perfeccionamiento, en la medida en la que enseña a revisar sus propios principios y su práctica de manera crítica. En un sistema de vida democrático cada ciudadano no sólo acata la ley sino que tiene recursos para transformarla. La educación para la democracia implica capacitar al ser humano, para discernir, para adoptar, para comprometerse consigo mismo y con los demás, para mejorarse continuamente. Esto solo es posible en un ambiente de libertad, especialmente de libertad de conciencia, de la cual la educación laica es sostén y salvaguarda.

    Con la reforma de los planes y programas de estudios y la inclusión de la asignatura educación cívica y ética, hemos tratado de satisfacer las demandas de diversos grupos sociales para que la escuela atendiera, mediante la educación valoral, algunos problemas como la desintegración familiar, la violencia, el consumo y tráfico de drogas, así, el reforzamiento del respeto a los derechos humanos independientemente de que estas son tareas de todos, la escuela ha asumido su papel y está dando una respuesta educativa a estos y otros problemas desde su posición laica.

    El articulo 3º Constitucional aprobado en 1946, contiene una clara orientación social, humanista y democrática de la educación. Podemos afirmar que es una síntesis equilibrada de los valores y principios que, desde la educación, se proyecta a toda la vida nacional. Son principios y valores que se han ido perfilando a lo largo de nuestra historia hasta formar parte de un proyecto nacional.

    Desde entonces, la sociedad mexicana ha experimentado grandes cambios: urbanización, expansión de los servicios educativos y elevación de las tasas de escolaridad, multiplicación de los medios escritos y no escritos de difusión, el avance de las instituciones democráticas y el pluralismo político, entre otros.

    Estos cambios a su vez, han contribuido a fortalecer la libertad, el pluralismo, la tolerancia religiosa y el respeto a la religiosidad del pueblo. No obstante es preciso reconocer que persisten signos de intolerancia. Se trata de casos localizados y excepcionales, conflictos religiosos asociados a la pobreza, la marginidad y el aislamiento, a un deficiente acceso a la justicia, a la débil implantación de las instituciones y prácticas democráticas en algunas religiones y grupos sociales del país.

    Estamos convencidos de que para superar esos espacios reducidos de intolerancia religiosa, lo mejor es persistir en la práctica de la educación laica, junto con la ejecución de políticas de carácter social que contribuyan a sacar a tales grupos de la marginación y del aislamiento en que se encuentran.
    Sin embargo, en los últimos años de han levantado algunas voces que señalan la necesidad de extender la educación religiosa que se imparta en algunas escuelas particulares a la escuela públicas oficiales. Algunas de esas propuestas plantean que los directores y maestros de cada escuela oficial, de común acuerdo con los padres de familia, decidan la orientación y el contenido religioso que se impartiría en cada plantel.

    Reflexiones

    Llevar la educación religiosa a la escuela pública sería una forma de propiciar un problema donde no existe: sería convertir las escuelas públicas en tierra fértil para el conflicto religioso, con tantas aristas como lugares en los que hay una escuela; sería una forma de reavivar en las aulas un conflicto ya superado en la sociedad y en la vida nacional.

    El avance del pluralismo y la tolerancia religiosa en la sociedad obliga al Estado a preservar los principios del laicismo en la escuela pública. Este régimen contribuye a la unidad esencial de los mexicanos, a partir del respeto y de la tolerancia que de otra manera estaría en riesgo. Nuestro marco constitucional y legislativo satisface las necesidades de mantener una clara separación entre el Estado y las iglesias, de no mezclar los asuntos políticos con los religiosos, de fomentar la educación laica y la libertad de creencias, el pluralismo en todos los terrenos y el principio de igualdad jurídica ante la ley.

    Conclusiones

    Con base en todo lo expresado, podemos concluir que el artículo 3º Constitucional es norma adecuada para preservar la libertad de conciencia y de creencias, así como para evitar los conflictos religiosos que han dañado a la nación mexicana en otras épocas: que el Articulo 3º hace posible una educación en valores que, más allá de las preferencias políticas y religiosas, contribuye a consolidar un régimen de respeto y tolerancia en una sociedad cada vez más plural y democrática; que el laicismo educativo mexicano ha significado neutralidad en materia religiosa, pero no neutralidad valorativa, y menos aún ausencia de valores.

    En síntesis, la neutralidad en materia religiosa en la escuela pública, en los planes, programas y materiales educativos, ha sido un asunto de moral pública y al mismo tiempo, un principio que permite preservar la libertad de conciencia, superar los conflictos religiosos e impulsar el avance de las instituciones democráticas del país.

    Bibliografía

    Art. 3° Constitucional y Ley General de Educación.

    Libro de Texto: “Bases Filosóficas, legales y organizativas del Sistema Educativo Mexicano” 1er Semestre.

    Lic. Miguel Limón Rojas “Educación Laicismo y vida cotidiana

  3. Sandra Pizaña said,

    enero 17, 2012 a 5:19 pm

    Pero tememos un pais laico,tenemos libertad religiosa.

  4. ittai said,

    abril 23, 2012 a 10:48 pm

    lo cierto es que este país es de derecho laico pero de echo es todo lo contrario, la religión de un credo sigue imperando dentro del espacio publico es decir, de la esfera del estado. con la reforma no solo quieren interpretar la libertad de religión como si fuera lo mismo que religiosa, sino que también desaparecen la libertad de creencias que ya se había conquistado retrocediendo así a nuestras garantías individuales. es una reforma que la sociedad no demando y que esta llena de lagunas constitucionales y de ilegalidad.
    pero en nuestra democracia una vez entregado en poder a los representantes populares pueden actuar impunemente a su antojo y lo que la sociedad opine en políticas publicas los tiene sin cuidado, los acuerdos políticos se imponen ala legalidad y la razón jurídica de este país.
    Decía socrates que para que una democracia actuara con justicia sus representantes tendrían que ser filósofos. por eso estamos en esta mediocracia (como expresaba jose ingenieros) por que no actúan con ética los legisladores son reenes de unos cuantos y no son representantes de la sociedad si no que sirven a sus propios intereses.


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