( http://www.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=294875 )

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Daría paso a “un modelo confesional similar al franquista”

Señor director:

En relación con la reciente reforma del artículo 24 constitucional –aprobada el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Diputados–, en donde se cambió el concepto de libertad de creencias y de culto por “libertad de religión”, me permito compartir algunas reflexiones.

La modificación –que el Senado aprobará o rechazará en febrero–, resulta en apariencia inocua; sin embargo, el problema radica en su interpretación. Me explico: el Episcopado Mexicano ha redefinido conceptos que gozan de aceptación para dotarlos de contenidos acordes con sus particulares intereses. En primer lugar, invoca los derechos humanos para recuperar privilegios; el principio jurídico de igualdad lo condiciona al reconocimiento de que su credo cuenta con mayor representatividad; admite la tolerancia siempre que sea selectiva: en los países donde es minoría pugna por un Estado laico y en donde es mayoría atropella los derechos de las demás confesiones, etiquetándolas peyorativamente como sectas.

Cuando los obispos y sus aliados hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente. La añeja pretensión clerical de modificar el artículo 3º constitucional, cuyo texto vigente señala que “la educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa”, es, de suyo, grave. Uno de los escenarios que plantean los opositores al Estado laico, es la inclusión de la catequesis como asignatura en los libros de texto gratuitos, lo cual obligaría a los profesores –religiosos o laicos– a impartir esta materia y a otorgar calificación y, en su caso, reprobar a todo aquel que se resista. Es claro que los niños pertenecientes a las minorías religiosas sufrirían, innecesariamente, el flagelo de la discriminación, la violación de sus derechos humanos y la deserción escolar a causa de un modelo educativo excluyente e intolerante.

Así, la jerarquía católica chantajea y exige al gobierno y al Congreso la restitución y ampliación de privilegios –que no de libertades–, entre los que se cuentan la instrucción religiosa en los “espacios públicos”, la posesión y control de medios de comunicación electrónicos y la participación de los ministros de culto en política electoral. Sobra decir que con tales pretensiones se pondrá fin al Estado laico y se dará paso a un modelo confesional similar al franquista.

Conviene recordar que la erosión del Estado mexicano tiene su origen en la subordinación del gobierno federal a la agenda político-religiosa que El Vaticano impulsa en nuestro país. En octubre de 2007, por citar un ejemplo,  Domenique Mamberti exigió al presidente Calderón “una plena garantía de libertad religiosa” y la “supresión de equívocos” en las normas vigentes en nuestro país”.

Los diputados que votaron a favor de dicha reforma (junto con los que se ausentaron del recinto legislativo, que convalidaron el golpe al Estado laico), traicionaron el legado de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma: sus intereses personales y de grupo obnubilaron principios y pronto olvidaron que para establecer el Estado laico se pasó por guerras civiles y de intervención extranjera, ataques desaforados contra la tolerancia, reivindicaciones de la educación pública, lucha contra las inercias y los prejuicios históricos y el enfrentamiento a los poderes del clero y los terratenientes.

Por las razones citadas, exijo al Senado que dé marcha atrás a la precipitada aprobación que hiciera la Cámara de Diputados. En manos de la Cámara Alta se encuentra el destino de país que queremos heredar a nuestros hijos. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica. Ante las pretensiones del clero y sus aliados por retomar el sometimiento de las conciencias, alcemos la voz: ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!

A t e n t a m e n t e

Laura Campos Jiménez

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Proceso, n. 1837, 14 de enero de 2012, sección Palabra de Lector.

Twitter:  @serhistoriadora               camposjmz@gmail.com

Por Laura Campos Jiménez

Leí con interés la reciente declaración del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en donde señala la “necesidad” de que “en las escuelas de educación pública se imparta enseñanza de valores para contrarrestar la violencia…”, ya que –en su opinión– “la instrucción [religiosa] de las futuras generaciones es el remedio a largo plazo…” (La Jornada Jalisco, 6 de enero de 2012).

La cita anterior, se da en el contexto de la reforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre y cuya minuta se encuentra en el Senado de la República para su aprobación o rechazo en las próximas semanas. La “libertad de religión” es el concepto añadido en dicha reforma –que suple los términos libertad de creencia y de culto–, el cual es interpretado tendenciosamente por la jerarquía eclesiástica, con el objetivo de introducir educación religiosa católica en las escuelas públicas, con cargo al erario, entre otras exigencias.

Detrás de dichas pretensiones, sin embargo, se encuentra una realidad que el prelado tapatío se niega a reconocer: su fracaso pastoral al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara durante 17 años de administración diocesana. Es evidente que los “valores” inculcados por el líder de la grey católica a su comunidad, no fueron suficientes para disminuir la violencia y los crecientes índices de criminalidad en nuestra entidad; por el contrario: los escándalos; el distanciamiento hacia sus feligreses; la participación abierta en política; la violación de las leyes civiles; la comisión de delitos electorales; los conflictos internos con el presbiterio diocesano; las amistades ligadas al crimen organizado; el encubrimiento de sacerdotes pederastas; y la intolerancia hacia las minorías religiosas y a toda voz crítica, entre otros, desembocaron en un irreversible éxodo de fieles hacia otros credos o al abandono total de las creencias –sin que esta realidad eclesial le quite el sueño–, tal y como lo revelan los datos estadísticos sobre el descenso porcentual del catolicismo en México y Jalisco, de acuerdo con el Censo de 2010.

En relación con la indiferencia religiosa que se vive al interior de la arquidiócesis, el propio cardenal Sandoval ha sostenido que dicho problema, literalmente, se le escapó de sus manos: “En nuestros días –explica– las nuevas generaciones crecen prácticamente paganas, sin ningún conocimiento o formación religiosa […]. Entre nosotros es enorme, grave y extrema la ignorancia de nuestra propia religión. Generalmente se vive una fe que han transmitido nuestros mayores y que es, por lo tanto, una fe de tradición; una fe apoyada en celebraciones multitudinarias, en manifestaciones de religiosidad popular, en peregrinaciones, etcétera, mas no es una fe que se haya asumido con convencimiento personal porque no se conoce; no se conocen a fondo sus dogmas, la enseñanza de la Iglesia y demás” (Semanario, edición 441, 17 de julio de 2005, p.3).

De la precedida afirmación, se puede reiterar que la pastoral catequética implementada en la Arquidiócesis de Guadalajara por el cardenal Sandoval –al interior de sus más de 400 parroquias–, fue, sin matices, un fracaso. La petición que hace el religioso a los senadores para que aprueben la reforma del artículo 24 constitucional, y con ello se dé fin al Estado laico y se proceda con el “traslado” de la catequesis y los crucifijos a las escuelas públicas, es la misma consigna por la que combatieron los cristeros al Estado mexicano (1926-1929), con los saldos funestos que conocemos.

Entre tanto que el cardenal Sandoval invoca la educación religiosa en las escuelas públicas (bajo la noción ambigua de los “valores”): el catolicismo ha perdido terreno en el mundo, y sobre todo en sus antiguos feudos del viejo continente; los jóvenes se alejan cada vez más de esta Iglesia, y los creyentes en general dejan de ser practicantes; a nivel mundial, las vocaciones religiosas y las órdenes monásticas van a la baja; los sacerdotes en activo son de edad avanzada (57.3 años en promedio) y su pronto retiro agravará aún más el mencionado déficit; las encíclicas del Papa o muchos de sus llamados son prácticamente ignorados por los fieles, quienes siguen otras pautas de conducta y de moral (ajenas a los dictados de sus obispos); la Conferencia del Episcopado Mexicano no sabe qué hacer con los mil 500 sacerdotes casados en activo; el 90% de las mujeres que abortan y toman la píldora anticonceptiva son católicas; la escasez de curas, el colapso del sacerdocio en muchos países y los escándalos sexuales suscitados al interior del clero, han causado desencanto en grandes sectores de la sociedad…

Ante la crisis eclesiástica reseñada, resulta inadmisible que sean 121 obispos, 199 diputados y 128 senadores los que decidan –a través de oscuras y bastardas negociaciones– dar un giro a la historia del país, en dirección hacia un Estado confesional, y pretendan implantar una moral religiosa en nuestra sociedad al restituir privilegios indebidos. Somos millones de mexicanos (que electoralmente representamos millones de votos), los que nos oponemos al regreso a etapas oscurantistas ya superadas en el país. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica.

Exijamos al Senado de la República, en suma, que dé marcha atrás a la accidentada aprobación que hiciera la Cámara de Diputados. Alcemos la voz y defendamos con argumentos, y de manera pacífica, la preservación de nuestras libertades laicas. Aún es tiempo… ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!

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La Jornada Jalisco, 13 de enero de 2012, p. 2. 

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/01/13/index.php?section=opinion&article=002a2pol

twitter:  @serhistoriadora         camposjmz@gmail.com

Por Laura Campos Jiménez

Tras la reciente aprobación de la Cámara de Diputados a la reforma del artículo 24 constitucional –en donde se modifican los conceptos de libertad de creencias y de culto por el de  ”libertad de religión”, y cuya minuta se encuentra en el Senado de la República para ser ratificada o rechazada el primero de febrero–, la sociedad jalisciense salió a las calles el pasado 14 de enero, para manifestar su enérgico rechazo a dicho cambio constitucional.

En un hecho inusitado, las calles del centro histórico de Guadalajara fueron  tomadas por miembros de la sociedad civil –de manera pacífica y ordenada–, en protesta por dicha reforma.

El argumento de los ciudadanos inconformes es legítimo y tiene  sustento:  el dicho cambio constitucional obedece a un pacto secreto de las bancadas lesgislativas del PAN y PRI con la jerarquía católica, en donde no hubo un debate abierto y de cara a la sociedad ni se tomó en cuenta a los actores sociales interesados en esta temática, iniciando con ello la  desmantelacíón del Estado laico y la restitución gradual de privilegios al clero, en donde, de acuerdo con el  dictamen original de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se  iniciaría con modificar el 24, y posteriormente se haría lo propio con los artículos 3, 5, 27 y 130.

Una de las pancartas que portaban los más de 2 mil manifestantes, decía a la letra: “Senador, razona tu voto, que yo razonaré el mío”. Sobra decir que esta expresión no requiere de mayores explicaciones .

La movilización de la sociedad civil en favor del Estado laico y la oposición a la reforma del artículo 24,  se traducen en una exigencia ciudadana a los legisladores federales, quienes se resisten a escuchar los legítimos reclamos de sus representados. Y es que somos millones de mexicanos los que no queremos el regreso a etapas oscurantistas ya superadas.

La preservación del Estado laico y las libertades conquistadas hace 150 años en nuestro país, no son asuntos menores.  

Twitter: @serhistoriadora      camposjmz@gmail.com

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Pd. Comparto algunas fotografías que  envío a mi correo uno de los asistentes al evento. 

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La historiadora Laura Campos desmiente mitos sobre la Iglesia y la Guerra Cristera

Por Juan Carlos G. Partida

En el libro 100 Mitos de la Historia de México recién publicado por Santillana, la historiadora tapatía Laura Campos Jiménez desvela en un ensayo la falsedad de la Iglesia católica al señalar que el clero nunca combatió con las armas en la mano durante la Guerra Cristera, demostrando que los “mártires” hoy canonizados y para quienes se construye un santuario y el ayuntamiento de Tlaquepaque plantea una inversión multimillonaria en vialidades para dar acceso a sus feligreses, formaron parte de las huestes fanatizadas que asesinaron a cientos de personas al grito de “viva Cristo rey”.

El libro es una recopilación de estos mitos hecha por el también historiador Francisco Martín Moreno y en el tema de los cristeros Laura Campos señala que la jerarquía eclesiástica de la época –apoyada en las encíclicas del papa Pío XI y en la enseñanza moral de los doctores de la Iglesia institucional– no sólo justificó teológicamente la lucha armada, sino que la apoyó y la bendijo, sin medir las consecuencias sociales, políticas y económicas que acompañaron a la revuelta.

El propio papa Pío XI, en vísperas del alzamiento cristero, se pronunció sin rodeos a favor de los sediciosos. El 18 de noviembre de 1926 publicó la encíclica Iniquis Afflictisque, en la que bendijo a los jerarcas católicos y al clero “deseoso de sufrir duras pruebas”.

José María González y Valencia, arzobispo de Durango y presidente de la comisión de obispos mexicanos en Roma durante el conflicto cristero, dio a conocer a sus fieles las palabras aprobatorias de Pío XI respecto del levantamiento armado: “Qué consuelo tan grande inundó nuestro corazón de prelado al oír con nuestros propios oídos las palabras del jefe supremo de la Iglesia (…) le hemos mirado conmoverse al oír la historia de nuestra lucha (…) aprobar vuestros actos y admirar todos vuestros heroísmos (…). Él, pues, el sumo pontífice, os anima a todos, sacerdotes y fieles, a perseverar en vuestra actitud firme y resuelta. Os anima a no temer a nada ni a nadie, y sí sólo temer el hacer traición a vuestra conciencia”.

Fue justo la publicación de las encíclicas pontificias de Pío XI y las cartas pastorales del episcopado mexicano lo que motivó a muchos sacerdotes católicos a incitar a sus feligreses a la rebeldía armada, desde el púlpito, los confesionarios y la promesa de indulgencias a quienes se diera de alta en el “ejército libertador”, los futuros “santos mártires”.

El ensayo recuerda que como sucedió en las cruzadas, en la persecución de disidentes (judíos, protestantes, cátaros), en la violencia de la Inquisición, en la hoguera para los herejes, los preceptos bíblicos de “No matarás” o “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” estuvieron ausentes en los discursos y sermones de los dignatarios religiosos durante la rebelión cristera.

En su escrito, Campos señala que en el libro Cristiada, crímenes de fe, de Salvador Fausto Crotte, hay un testimonio sobre el asesinato en 1935 de la maestra rural María R. Murillo, en Huiscolco, Zacatecas, apenas uno de los al menos 200 crímenes documentados de mentores “herejes”. Hoy la primaria de ese lugar lleva el nombre de la profesora asesinada.

Hubo sacerdotes que empuñaron y capitanearon a la prole fanatizada desde El Vaticano. Entre ellos sobresale José Reyes Vega el “Pancho Villa de sotana”, famoso por su impulsividad y su gusto por las mujeres. Fue cura de Arandas y luego general cristero.

Él, junto a Miguel Gómez Loza y otros sacerdotes, participó en el asalto al tren de La Barca, el 19 de abril de 1927, donde murieron cientos de pasajeros a balazos, pasados por arma blanca o carbonizados. Es conocida la anécdota de que Reyes Vega cuando mataba a prisioneros “con una mano daba la absolución in articulo mortis a los heridos y con la otra y su propia pistola, asestaba el tiro de gracia”.

Otros participantes en el asalto al tren fueron los sacerdotes Aristeo Pedroza y Jesús Angulo. Al primero, entre muchos crímenes, se le atribuye la muerte de uno de los más destacados miembros del ejército cristero, Victoriano Ramírez El Catorce, a quien el cura y general mandó ejecutar “para introducir entre la tropa una absoluta seriedad y disciplina que eran rotas por las actitudes rebeldes de dicho personaje”. Ángulo luego fue nombrado obispo en Villahermosa, Tabasco, al término de la guerra.

La autoría intelectual del atentado al tren es atribuida al arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. También participó quien luego sería arzobispo de México, Miguel Darío Miranda. La lista incuye a otros sacerdotes como Gabriel González, Enrique Morfín Carranza, José Espinosa, Clemente García, Miguel Guízar Morfin, José María Martínez. Miguel Pérez Aldape, Enrique Ochoa, Leopoldo Gálvez, Francisco Carranza, Jesús Anguiano, entre otros.

Hasta el primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera –a quien apodaban Pepe Dinamita–, ha sido relacionado con el asalto al tren y el movimiento en general, bajo el seudónimo de Mariano Reyes, nombres cambiados que muchos personajes de la curia usaban para no comprometerse.

La guerra, para cuyos “santos” hoy se erige un multimillonario templo en Tlaquepaque y que según el alcalde de ese municipio, Miguel Castro, tendrá una inversión cercana a los 200 millones de pesos para vialidades “aportadas por desarrolladores inmobiliarios”, costó al menos 70 mil vidas de mexicanos y el desplazamiento de unas 200 mil personas.

La Jornada Jalisco, 27 de diciembre de 2011, p. 5

(http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/12/27/index.php?section=politica&article=005n2pol)

María de los Ángeles Moreno y Enoé Uranga instan a la comisión nacional a definir su postura

Los 30 millones de pesos desviados a la obra ya habrían sido reintegrados a las arcas estatales

En conferencia de prensa, las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.

Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos.

Interrogado sobre la pertinencia de usar fondos públicos para esa obra, con la cual la arquidiócesis espera ganar 3 mil millones de pesos sólo por venta de criptas, el gobernador dijo que eso no era problema suyo y que el interés de su gobierno era promover el turismo religioso.

La oposición se generalizó y un mes después las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sumaron casi 5 mil. En un acto público, el gobernador injurió a los opositores al proyecto.

A mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco, dijo a finales de abril, en evidente estado de ebriedad, durante una cena para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ligada también a la arquidiócesis de Guadalajara.

“Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan (Sandoval Íñiguez, el cardenal ahí presente), absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos, más intereses, que entre el 24 de marzo y el 23 de junio sumaron 563 mil 533 pesos, según Julio García Briseño, tesorero de la fundación.

En la conferencia de prensa estuvieron también los activistas que impugnaron ante la CNDH la resolución de su homóloga estatal: Jaime Hernández, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo; Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara; la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes exigieron que la CNDH actúe con independencia y siente un precedente en favor del Estado y de la cultura de la legalidad.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/06/estados/035n1est 

I N I C I O

La autora del blog, acompaña al maestro Carlos Monsiváis durante la presentación del libro "El Estado laico y sus malquerientes", en diciembre de 2008.

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Por Gabriela Rodríguez

Después de la guerra fría los derechos humanos se han convertido en el único marco de defensa de la ciudadanía ante los abusos de poder de las autoridades; ojalá que la reciente reforma constitucional logre evitar que los estados siguan actuando contra la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.

Cuando gobernadores, alcaldes y funcionarios roban o desvían los recursos del erario, maltratan o mandan matar a ciudadanos, resulta obvio el abuso de poder, el daño y el pisoteo a los derechos humanos; aunque nuestro sistema de injusticia e impunidad deje en libertad a quienes los violentan.

Al lado de esas agresiones de Estado, coexisten otras con daños menos tangibles. Como cuando Emilio González Márquez, todavía siendo alcalde, editó un libro de texto oficial haciendo una apología de la religión católica; cuando regaló un nacimiento artesanal al Vaticano, con un costo de un millón de pesos, con cargo al erario. Al colmo llegó en 2008, siendo ya gobernador, y del mismo fondo estatal donó 30 millones de pesos a la arquidiócesis de Guadalajara para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros; la llamada macrolimosna tuvo que devolverse ante la movilización social y 7 mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

A tres años de distancia, resulta increíble que dicha comisión notifique que las quejas carecen de sustento y que el gobernador no violó el Estado laico, ni el artículo 130 de la Constitución federal; que no quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR), ni incurrió en discriminación religiosa en prejuicio de otras iglesias y ciudadanos.

Como nos informa Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara, el argumento de que el recurso no fue entregado a una asociación religiosa sino a una asociación civil debidamente registrada quiere ocultar lo que nadie ignora: que la fundación beneficiaria, Pro Santuario de los Santos Mártires Cristeros, fue creada para triangular los recursos del erario que tenían como destinatario al arzobispado de Guadalajara.

¿Qué derechos humanos se están violentando con esas acciones? Se violenta el derecho a la educación laica, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los cuales se sustentan en el Estado laico. El derecho a la educación laica se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de Educación y en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El segundo y tercer apartados del artículo tercero constitucional establecen que: I. Garantizada en el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 24 constitucional: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Estado laico se reconoce en el artículo 130 constitucional: “Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa (…) No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR) establece en su artículo tercero que: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna –las cursivas son mías–. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”. El artículo 30 de la LAR precisa que el órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y que: la autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. En el artículo 31 se especifica que: Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en consideración (…) I. Naturaleza y gravedad de la falta o infracción; II. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; III. Situación económica y grado de instrucción del infractor; IV. La reincidencia, si la hubiere, y V. El daño causado.

Un grupo de organizaciones civiles impugnarán el carpetazo de la CEDHJ ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque en el caso de Jalisco la falta es grave: se desviaron más de 30 millones de pesos; se alteró la tranquilidad social, principalmente al excluir a los jaliscienses que no son católicos (588 mil 600 según el Censo 2010) o aquellos cuyo catolicismo se distancia del que promueve Juan Sandoval Íñiguez; hay solvencia en el infractor como para exigirle el pago de multa; hay reincidencia de la falta –al menos en tres ocasiones– y el daño causado es grave, el dinero del erario sólo puede donarse a organizaciones civiles que ofrezcan servicios para la población necesitada del estado y no para la construcción de templos.

La Jornada, 17 de junio de 2011, p. 22.

(http://www.jornada.unam.mx/2011/06/17/opinion/022a1pol)

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Incio

 Por  Laura Campos Jiménez

A tres años de distancia del donativo que hiciera el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, al Arzobispado de Guadalajara para la construcción de un santuario cristero, y luego de la manifestación ciudadana en contra de la llamada “macrolimosna”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a través de  la Quinta Visitadora Norma Robledo Terrazas (oficio 712/2008-V), envió un resolutivo en donde se afirma que carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestinaron el uso discrecional del erario, bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público.

De acuerdo al resolutivo, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.

Con los argumentos que presenta la CEDHJ, se está validando la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, se reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

camposjmz@gmail.com

Notificación de la resolución de la CEDHJ en torno a la “macrolimosna”

El 2 de abril de 2008 presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, oficio 814/08-V), en contra del gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 30 millones de pesos que entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus testaferros, para la construcción de un santuario dedicado a los santos cristeros.

Reconozco que  me sentí profundamente lastimada al saber que el dinero de los impuestos sería utilizado para financiar la construcción de un recinto religioso, dedicado a honrar a quienes a principios del siglo pasado se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano, quemaron escuelas, asaltaron trenes, mutilaron maestras y maestros y realizaron acciones –algunas de ellas ilegales– para implantar en nuestro país un gobierno confesional.

Al conocer el fallo de la CEDHJ y ser notificada que mi queja carece de sustento -al igual que las 7 mil quejas interpuestas en 2008-, he decidido interponer un recurso de impugnación ante dicha resolución. Considero que mis argumentos fueron desdeñanos y minusvalorados. En este sentido, estimo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe intervenir y hacer una revisión objetiva e imparcial del resolutivo en comento.

I.-  Resolución completa de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en torno a la macrolimosna (25 de febrero de 2011). 36 hojas. (archivo PDF, haga clik).

ONG impugnarán carpetazo de CEDHJ a más de 7 mil quejas por la macrolimosna

II. La Jornada Jalisco, 13 de mayo de 2011, p. 7.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

  http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/13/index.php?section=politica&article=007n2pol

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Carta publicada en el semanario Proceso, n. 1803, 22 de mayo de 2011, pp. 79-80.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleImpreso/154080

El expediente incómodo

a) El pretexto que emplea la CEDHJ para avalar la violación al Estado laico, es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales,  porque da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

b) El gobernador de Jalisco, al dar dinero a una asociación religiosa para promover el culto de ésta, violó el Estado laico, de eso no queda la menor duda. La gravedad del caso no radica en el “conducto” que se haya empleado, sino en el destino de los recursos públicos.

c) El propio arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, evidenció el carácter tramposo de esa maniobra, cuando, en un primer momento, agradeció el donativo al gobernador y luego, forzado por las protestas ciudadanas contra la “macrolimosna”, optó por devolver el dinero que había recibido y agradecido: si no lo recibió él de parte del gobierno estatal, según dice la CEDHJ, entonces, ¿cómo pudo haberlo devuelto?, ¿cómo puede alguien devolver algo que nunca llegó a sus manos? Entonces, en realidad, el dinero sí lo recibió y la mencionada Asociación Civil fue sólo un intermediario, una pantalla, un prestanombres…

d) La CEDHJ exonera al gobernador de Jalisco, y demás funcionarios, de haber violado los derechos humanos en el caso de la “macrolimosna”.

e) El donativo entregado por el gobernador de Jalisco al arzobispado de Guadalajara, fue recibido por el cardenal  Sandoval. No se benefició, entonces, una “institución privada”  (cuyo nombre revela el objeto de su creación), sino una asociación religiosa.

f) La CEDHJ da por cerrado este caso exonerando al gobernador de Jalisco y demás funcionarios. ¿Será necesario que los siete mil quejosos ofrezcan una disculpa pública al gobernador de Jalisco por “difamación”, “daño moral” y “violación a sus derechos humanos” en el caso de la “macrolimosna”?

Impugnan resolución de la CEDHJ en el caso de la “macrolimosna”

Vista panorámica del santuario de los mártires cristeros.

 Por José Luis Villegas

El pasado 17 de mayo fueron interpuestos tres recursos de impugnación en contra de la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, de fecha 25 de febrero de 2011), quien dio su fallo a favor de la ”macrolimosna”, suceso en donde el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó 30 millones del erario para la construcción de un santuario cristero (marzo de 2008), y posteriormente despotricó con ofensas a quienes criticaron dicho donativo.

Para la CEDHJ -de acuerdo al citado resolutivo-, González Márquez  no quebrantó el Estado laico, ni violentó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni discriminó a las minorías religiosas, ni violó la garantía de igualdad entre personas físicas y morales, ni incurrió “en ejercicio indebido de la función pública”. Por si esto fuera poco, el informe precisa que “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”, lo que deviene en una virtual exoneración al mandatario estatal (véase  Resolución completa de la CEDHJ, 36 hojas. ).

La respuesta oficial de la CEDHJ a las siete mil quejas ciudadanas interpuestas en 2008 en contra del donativo del gobernador, es cuestionable -y lamentable- desde el punto de vista jurídico, ético e histórico.  Con esta resolución se valida, en la práctica, la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

El doctor Jaime Hernández (de camisa blanca), da a conocer algunos aspectos de su impugnación.

Recursos de impugnación

Las impugnaciones en contra de la citada resolución, fueron presentadas en la oficialía de partes de la CEDHJ, de manera individual,  por el abogado Carlos González Garín, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A. C., asi como por el doctor Jaime Hernández Ortiz, presidente de la C. de Derechos Humanos 28 de mayo y la historiadora Laura Campos Jiménez, en su carácter de ciudadana y sin filiación partidista.

Para González Garín, con la resolución de la CEDHJ se exonera al gobernador y a los Secretarios de Finanzas y Turismo, además de que aquella se muestra “partidaria de la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, con lo que trasgrede los principios mismos de los derechos humanos y la democracia, y da la espalda a la ciudadanía que puso en sus manos este caso”.

“Existe plena incompetencia de la CEDHJ para sancionar los abusos del poder estatal y actuar conforme a los principios de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia. Su resolución es ilegal e inaceptable, pues tardó más de tres años en dictarse (art. 56 de la Ley de la CNDH habla de un máximo de un año), por lo que la impugnaremos ante la CNDH y los organismos internacionales, a través de los recursos de impugnación y petición”, advirtió el abogado.

El abogado Oscar González Garín, después de entregar su recurso de impugnación.

Trasgresiones al Estado laico

Jaime Hernández, por su parte, considera que la CEDHJ fue omisa en investigar el fondo de los hechos, motivo de casi siete mil quejas:  ”Es evidente que el gobernador y diversas autoridades del Estado violaron la legalidad, en este caso la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al intentar triangular un donativo que por un lado estaba prohibido, pues el gobernador es el titular de un poder estatal, el Poder Ejecutivo, integrante a su vez de la Federación e integrante del Estado mexicano, debiendo abstenerse de cometer violaciones de actos de preferencia, directa o indirectamente, de asociaciones religiosas”.

La historiadora Laura Campos, en su turno, señaló que el pretexto que usa la CEDHJ para avalar la violación del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias -fundamento del Estado laico- es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, la Fundación Pro Santuario de los Mártires, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, señala, “la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales, que da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.

La historiadora Laura Campos, señala casos concretos de violaciones al Estado laico.

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La impugnación a la resolución de la CEDHJ vista por los medios de comunicación

- Canal 44 (canal de la Universidad de Guadalajara)

Haga clik en la imagen para ampliar el texto.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/12/index.php?section=opinion&article=002a1pol

 http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2086373.htm

Por Laura Campos Jiménez

El pasado 28 de noviembre –en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara–, la periodista Carmen Aristegui presentó su nuevo libro, Marcial Maciel. Historia de un criminal, editado por Grijalbo.

La idea de escribir este libro, refiere la autora, “es que todo lo ocurrido en torno al caso Maciel no quede en el olvido o en el simple anecdotario […]. De eso trata este libro, de la reconstrucción de los más importantes capítulos que, a lo largo de décadas, dieron lugar a esta saga de crimen, complicidad, encubrimiento, mentiras y estulticia que ha llegado a los más altos niveles de la jerarquía y del mundo empresarial y mediático, así como a amplios espacios de la sociedad, tanto en México como en los diferentes países en donde la Legión tiene asentados sus reales (p. 32).

En su nuevo  libro, de 295 páginas, Carmen Aristegui recoge los testimonios de cinco ex legionarios que fueron sometidos a los abusos de Marciel Maciel: José de Jesús Barba Martin, Saúl Barrales, Arturo Jurado Guzmán, José Antonio Pérez Olvera y Juan José Vaca Rodríguez. “En la memoria quedará la firmeza moral del grupo de ex legionarios que decidieron emprender este camino, sabedores de tener casi todo en contra”, apunta la periodista (p. 18).

En total, son 17 las entrevistas que Aristegui presenta en su libro, en donde destacan los comentarios de Bernardo Barranco, Roberto Blancarte y Alberto Athié; éste último, como un sacerdote diocesano que “llegó hasta las últimas consecuencias, renunciando incluso a su ministerio sacerdotal” (p. 18).

En estas páginas se pueden leer los testimonios de tres de los hijos de Maciel: Omar, Raúl y Christian González Lara, y de Blanca Lara, madre de estos y pareja por décadas del controvertido religioso. Dentro de los argumentos de esta familia se incluyen las graves acusaciones de Omar y Raúl sobre abusos sexuales de su padre en contra suya. Se transcribe íntegra la entrevista que Carmen Aristegui realizó en su programa radiofónico Noticias MVS con la familia biológica de Maciel.

En la obra reseñada se encuentran los testimonios de Luis Garza Medina, vicario de la Legión (transcrito de una “grabación clandestina”), del periodista Jason Berry y del abogado Jeff R. Anderson, entre otros.

Cabe destacar que en los anexos de dicha obra, se encuentran una serie de documentos, algunos de ellos inéditos, que por su importancia y en el contexto de esta historia, explican por sí mismos el modus operandi de las altas esferas eclesiásticas respecto al “caso Maciel”.

 ¿Qué es “el caso Maciel”?

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien escribe el prólogo del libro, hace una interesante reseña:

“[...] Leyendo sus páginas se asiste a la mayor crisis de la Iglesia católica en el mundo contemporáneo, la de la pederastia clerical […]. Al revelar [Aristegui] el retrato del delincuente codicioso queda también al descubierto la naturaleza de la Legión, esa máquina de hacer dinero, cuyo patrimonio es una suerte de botín en disputa entre el Vaticano y los todavía no claramente frustrados herederos de Maciel (p. 15).

“¿Qué es ‘el caso Maciel’? Se trata de la doble vida del creador de la Legión de Cristo, que fue declarado modelo para la juventud por el papa Juan Pablo II […], cuando en los años cincuenta la noticia acerca del comportamiento perverso de Maciel había provocado una indignación sobre su conducta, emprendida por el Vaticano. De ella, sin embargo, quedó exonerado, no porque se le encontrara inocente de los cargos que se le imputaron, sino porque ya surtían efecto sus relaciones con la curia vaticana, alimentadas por la largueza con la que se conducía frente a ellos el ambiguo sacerdote, que procuraba proyectar una imagen de santa severidad y que era un dictador que imponía sus perversiones a quienes estaban obligados a callar y a los que hacía incurrir en pecados de los que el mismo pederasta los absolvía, y contra los cuales predicaba en sus homilías”, anota Granados Chapa (pp. 12-13).

A pesar de las  atrocidades en comento,  las víctimas de Maciel –escribe Granados Chapa– fueron “tildados de escandalosos, y sometidos al escarnio público que aumentaba el pesar que el abuso cometido en su contra les había generado.

“Maciel no fue nunca punido con la severidad que reclamaban sus inmorales conductas –la pederastia fue solo una de ellas–, pero perdió la imagen de santidad que lo aureolaba. Desde Roma misma, donde se le brindó apoyo e impunidad durante décadas, brotaron uno tras otro documentos que disminuyeron su poder y, finalmente, debieron admitir y condenar la doble vida de Maciel”, concluye el columnista  (p. 14).

Llamar a cuentas al más alto jerarca de la Iglesia católica: un paso impostergable

En la introducción del libro Marcial Maciel. Historia de un criminal, Carmen Aristegui hace un recorrido histórico, puntual e impecable, sobre el protervo perfil del fundador de los Legionarios de Cristo, así como de las redes de complicidades que le permitieron seguir cometiendo los dichos abusos:

“Joseph Ratzinger, como pocos en el Vaticano, ha tenido información directa, durante años, sobre las conductas criminales del fundador de los Legionarios de Cristo. Conoció lo que él mismo describió a principios de mayo como el sistema de relaciones que a Maciel ‘le permitió ser inatacable durante mucho tiempo’. Él sabe de primera mano de lo que está hablando. El caso Maciel, tan siniestro como prolongado, y otros ahora conocidos, coloca al pontífice en el delicado papel de juez y parte. Hoy como nunca, en los tiempos modernos, queda la puerta abierta para llamar a cuentas al más alto jerarca de la Iglesia. El desarrollo democrático de los países, los principios universales de los derechos humanos y la fuerza adquirida por las instancias de justicia internacional, hacen creíble la idea de que hoy por hoy se podría, y debería, enjuiciar a un sumo pontífice (p. 22).

“Hay otros hechos en los que se acusa a Joseph Ratzinger por encubrir y ocultar a sacerdotes que abusaron de niños y seminaristas. The New York Times ha documentado que Ratzinger, cuando era obispo de Munich, encabezó una reunión en enero de 1980, en la que se autorizó que un sacerdote pederasta, el padre Hullermann, fuera trasladado a la congregación de Essen en Alemania, en donde vuelve a tener contacto con otros niños. Pocos años después Hullermann es encontrado culpable de abusar sexualmente de menores en una parroquia de Bavaria. ¿Cómo responde hoy el pontífice de su propia conducta en aquellos años, eludiendo la justicia y la acción penal en contra del sacerdote?”, puntualiza Aristegui (p. 23).

Crisis en la Iglesia católica

Benedicto XVI, escribe la autora,  “vive una crisis de confianza y liderazgo sin precedentes, no sólo por los recientes escándalos de pederastia dentro de la Iglesia católica, sino por el fracaso para enfrentar los retos que el presente le impone a la humanidad y a la propia Iglesia (p. 23).

“El histórico comunicado del 1º de mayo de 2010 de Benedicto XVI –que significó la defenestración post mortem de Marcial Maciel– era trascendente no sólo porque reconocía las conductas execrables del fundador, sino que aceptaba de cierta manera la existencia de una red de silencio y complicidad que lo protegía: ‘Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del padre Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de un verdadero sentimiento religioso […] El padre Maciel había sabido hábilmente crearse coartadas, ganarse la confianza, familiaridad y silencio de los que lo rodeaban y fortalecer su propio papel de fundador carismático’ (p. 19).

“Benedicto XVI terminó por caer en cuenta que una investigación seria sobre encubrimiento o complicidad lo haría topar con su propia figura y la de su antecesor, Juan Pablo II, quien resultó ser el más grande protector de Marcial Maciel (p. 20).

“La historia parecía haber terminado con la muerte del superior legionario en 2008, pero dio un vuelco y su caso tuvo un cambio cualitativo a la par de las condiciones que vive hoy la Iglesia en sus conjunto, sumida en una crisis de credibilidad por los escándalos revelados en distintas partes del mundo, y por un fenómeno de ‘encubrimiento masivo’, como lo llamara el ahora fiscal general de Massachusetts, Tomás Reilly. Esta expresión se refiere a la conducta institucional de la Iglesia católica al proteger a cientos de sacerdotes que habrían perpetrado abusos contra más de 1000 menores en la arquidiócesis de Boston desde 1940″, anota Aristegui.

Norberto Rivera (izquierda), Girolamo Prigioni y Marcial Maciel (1997).

Norberto Rivera: ¿Legionario de Cristo?

Roberto Blancarte, en la entrevista que le concede a Aristegui,  toca el tema del cardenal Norberto Rivera y su relación con el sacerdote Marcial Maciel y su congregación:

“Norberto Rivera es de los que, aunque no lo admita, se hizo cercano y estableció alguna complicidad con los Legionarios de Cristo. Los utilizó durante mucho tiempo, por ejemplo, para formar su departamento de medios de comunicación; seguramente estableció muchas relaciones y es cuando uno empieza a entender sus posiciones de defensa de cosas indefendibles. Era obvio en su caso. Está comprobado en sus declaraciones, lo dijo y lo siguió defendiendo. Y de hecho ahora mejor ya se calló […] En sus homilías sólo hay referencias muy vagas y ambiguas y hasta ahí. Más bien su verdadero trabajo ha sido tratar de deslindarse para que no le toque el lodo que está saliendo (p. 120).

“Ahora, los obispos y los arzobispos han dicho muchas mentiras, que ellos no se metieron a resolver problemas porque no era de su jurisdicción; lo cual es completamente falso. Cada obispo tiene control sobre lo que sucede en términos gubernamentales, legislativos y judiciales en su diócesis o arquidiócesis, así que todo lo que hicieron los Legionarios de Cristo en la arquidiócesis de México era responsabilidad del arzobispo de México” (p. 121).

“En el caso de los Legionarios es muy importante ligar a Marcial Maciel con su obra, con el modelo de congregación que tuvo y que existe todavía. No solo es su pederastia […]. Yo dudo que el entorno cercano a Maciel no supiera nada. Es prácticamente imposible”, concluye el doctor Blancarte (p. 117).

En relación al cardenal Rivera, a quien la autora señala como “uno de los más claros defensores de Maciel”, la periodista señala: “Llama la atención que el prelado no muestre ninguna intención de disculparse cuando menos ante aquellos a quienes ofendió. Al sacerdote Alberto Athié lo apartó de sus responsabilidades y llegó a echarlo prácticamente de su oficina cuando, siendo sacerdote, solicitaba que se investigará el caso Maciel” (pp. 28-29).

Conclusiones

Una de las conclusiones a las que llega la periodista Carmen Aristegui en su documentado libro, es la perseverancia en la búsqueda de la justicia de muchas personas:

“Después de años de denuncias, y en virtud de una situación ya crítica para la Iglesia, un tramo de verdad se impuso y con ella el triunfo del pequeño gran grupo de personas –varias de las cuales prestan su testimonio para este libro– quienes hasta el final sostuvieron una postura de denuncia […] Con el caso Maciel, la biografía del pontífice alemán permanecerá por siempre marcada por una larga estela de claroscuros y acciones contradictorias, de una voluntad que pareció verdadera, pero que no tuvo la fuerza para culminar la tarea. Como sea, queda aquí para los lectores la fascinante y siniestra historia del sacerdote mexicano. Ésta, la de Marcial Maciel. La historia de un criminal” (p. 33).

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La revista “El Búho”,  en su edición de febrero,  reproduce mi reseña sobre el libro de Carmen Aristegui

El búho, año 12, n. 126, febrero de 2011

La reseña que escribí sobre el libro de la periodista Carmen Aristegui apareció publicada en la revista cultural “El Búho”, editada por René Avilés Fabila, correspondiente al mes de febrero de 2011 (año 12, n. 125, pp. 53-55).

Comparto dicho ensayo en archivo pdf:

El Búho, n. 126, febrero de 2011

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Pd. El doctor José Barba Martin, quien fue uno de los presentadores del libro Marcial Maciel. Historia de un criminal en la FIL, me hizo favor de enviar su ponencia. Comparto con ustedes las interesantes reflexiones de uno de los protagonistas de este doloroso capítulo: el “caso Maciel”.

Presentación del libro de Carmen Aristegui. Doctor José Barba Martin

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Solidaridad con Carmen Aristegui

Desde este espacio, un abrazo solidario a la periodista Carmen Aristegui. Su regreso a MVS Noticias, después de la incalificable censura de la que fue objeto, es un triunfo para la libertad de expresión y una congratulación para millones de mexicanos se sintieron agraviados por acciones que se creían ya superadas en nuestro país.

Por Laura Campos Jiménez

En 2009, la Televisión Nacional de Chile (TVN) transimitió el documental intitulado: “Los pecados de Marcial Maciel”; bajo la dirección de la periodista Paulina de Allende. En este reportaje se da a conocer el modus operandi y los abusos sexuales cometidos en décadas por el líder y fundador de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi, en las voces de sus víctimas.

Paulina de Allende, a través de una impecable investigación periodística, recoge los testimonios de siete ex legionarios que fueron sometidos a los abusos de su mentor religioso: José Barba, Saúl Barrales, Alejandro Espinoza –autor del libro El Legionario (Grijalbo, México, 2003)–, José Antonio Pérez Olvera, Arturo Jurado, Félix Alarcón y Juan José Vaca. En esta tarea reporteril, la periodista chilena se traslada a los lugares en donde ocurrieron los hechos.

En el documental aparecen entrevistas realizadas a periodistas e investigadores mexicanos y españoles, así como un fragmento del discurso que Marcial Maciel pronunciara en la Plaza de San Pedro, en ocasión del quincuagésimo aniversario de Los Legionarios de Cristo, ante el papa Juan Pablo II, quien conocía de primera mano los abusos y desmanes cometidos por el religioso michoacano. Ante estas evidencias, y en respuesta al discurso de Maciel, Juan Pablo II dirigió unas palabras de elogio al sacerdote pederasta ante una multitud reunida en Roma.

Considero que este reportaje aporta datos fidedignos, de forma nítida y sistemática, sobre la historia delictiva del sacerdote católico Marcial Maciel, así como de su relación con las cúpulas de poder –económico, civil y eclesiástico–,  las cuales fueron cómplices, directa y/o indirectamente, de las fechorías del religioso y responsables del delito de  encubrimiento. Estas últimas, cabe resaltarlo, aunque no fueren  citadas a comparecer ante un Ministerio Público, el juicio de la historia, tan justo como implacable, ya dictó sobre ellas su irrevocable sentencia…

Comparto con ustedes este reportaje (dividido en siete partes, pero completo en su contenido), esperando que sea de su interés.

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