La educación religiosa en las escuelas públicas, según Felipe Calderón


 

 

 

Contra la “libertad religiosa” en las escuelas públicas


En la presentación del libro "El Estado laico y sus malquerientes", del maestro Carlos Monsiváis, el 4 de diciembre de 2008 durante la Feria Internacional del Libro (FIL), de Guadalajara.
En la presentación del libro “El Estado laico y sus malquerientes”, del maestro Carlos Monsiváis, el 4 de diciembre de 2008 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

 

 

Carta publicada en Proceso n. 1843, 26 de febrero de 2012, p. 80.

Una lectora cita a Monsiváis

Señor director:

Le agradeceré publicar esta carta en la sección Palabra de Lector.

Ante el creciente rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional, que pretende cambiar los conceptos de libertad de creencias y de culto por el de “libertad de religión” –modificación que atentaría contra el Estado laico y nuestro régimen de libertades–, surge la siguiente pregunta: ¿cuál habría sido la postura de Carlos Monsiváis ante dicho cambio constitucional? A manera de antología, cito algunas de las “respuestas” del célebre escritor mexicano:

Carlos Monsiváis, en su libro Autobiografía (publicado en 1966, cuando tenía 28 años) registró los signos de intolerancia religiosa en su paso por la escuela pública: “Pertenezco a una familia esencial, total, férvidamente protestante […]. Las razones migratorias de mi familia, en ese éxodo atroz de los cuarenta (del estado de Zacatecas a la Ciudad de México), fueron religiosas […]. Mi verdadero lugar de formación fue la Escuela Dominical. Allí, en el contacto semanal con quienes aceptaban y compartían mis creencias, me dispuse a resistir el escarnio de una primaria oficial donde los niños católicos denostaban a la evidente minoría protestante, siempre representada por mí…” (pp. 6-7).

Al denunciar la discriminación de que son objeto las minorías religiosas, el maestro Monsiváis se proyecta asimismo: “Provengo de una familia con la religión en el centro y una conciencia muy viva de los significados de la disidencia religiosa en México […]. Entre nosotros era muy profunda y, por así decirlo, histórica la noción de pertenencia, porque te la agudizaba al acoso, el rechazo a tus creencias y a las de los tuyos, y con frecuencia la negación de tu humanidad. Ahora, la libertad de creencias, de cualquier modo y pese a los hostigamientos de la Iglesia católica, es un hecho irreversible. Hay millones de protestantes en México, no veintenas de miles, como en mi niñez […]. En mi caso, la noción de singularidad y de excentricidad religiosa fue tan fuerte que me dio conciencia perdurable de los derechos de las minorías…” (Entrevista a Carlos Monsiváis: Adela Salinas, Dios y los escritores mexicanos, Nueva Imagen, 1997, p. 94).

En relación con la pretensión clerical de insertar el término “libertad religiosa” en el artículo 24 constitucional, Monsiváis apunta: “La insistencia fundamentalista en la libertad religiosa consiste en la devolución de los fueros eclesiásticos y en la educación religiosa en las escuelas públicas” (ídem). “¿Por qué –se pregunta– cuando los obispos católicos y los laicos cercanos a su posición hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente? […] ¿Por qué, pese al crecimiento notorio de las iglesias minoritarias, el Estado y la sociedad las conocen tan mal y tan despreciativamente, como si los que profesan las otras creencias no merecieran ninguno de los derechos humanos?” (Carlos Monsiváis, El Estado laico y sus malquerientes, UNAM, 2008, p. 156-57).

Sobre la exigencia del episcopado mexicano de introducir educación religiosa en las escuelas públicas, el autor es inflexible: “El nivel de intolerancia de la jerarquía católica es inocultable: el hecho de que digan, como lo sostienen con toda impudicia, que la educación laica está muy bien y debe continuar, pero que la educación laica implica educación religiosa en las escuelas públicas, me parece un error que a nombre de una creencia pretende la omisión de las demás…” (Conferencia dictada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 4 de diciembre de 2008).

“Mi experiencia de las repercusiones de la intolerancia religiosa –recuerda el escritor– me hace rechazar el uso oficial de la religión. Por eso agradecí haber estudiado en una escuela pública; agradecí y sigo agradeciendo el laicismo que me permitió una formación cultural sin el prejuicio que me condenaba como herético. Estoy convencido: la educación religiosa en las escuelas públicas sería un retroceso atroz que el país no merece” (Salinas, op. cit., pp. 95-96).

Monsiváis, quien fue defensor a ultranza del Estado laico y del derecho de las minorías, criticó el proyecto clerical de querer imponer una moral religiosa a los mexicanos: “Es reprobable que los jerarcas quieran imponer a la sociedad entera sus convicciones, sus prejuicios, sus fobias, sus manías y sus afanes autoritarios […] a cuenta de la posesión de la verdad…” (ídem).

Estoy convencida de que si Carlos Monsiváis viviera, habría unido su voz a la de un sinnúmero de asociaciones religiosas, organismos de la sociedad civil, intelectuales, académicos y ciudadanos en general, que enérgicamente han exigido al Senado su rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional por considerar que con ella se pretende desmantelar el Estado laico, introducir educación religiosa en las escuelas públicas y otorgar privilegios a una asociación religiosa en particular, en detrimento de las libertades sociales y los derechos humanos de las minorías.

Por lo anterior: ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!

A t e n t a m e n t e

Laura Campos Jiménez
Historiadora por la Universidad de Guadalajara

Twitter: @serhistoriadora

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http://www.proceso.com.mx/page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=299334, p. 81).

Crece el rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional


http://www.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=294875 )

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Daría paso a “un modelo confesional similar al franquista”

Señor director:

En relación con la reciente reforma del artículo 24 constitucional –aprobada el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Diputados–, en donde se cambió el concepto de libertad de creencias y de culto por “libertad de religión”, me permito compartir algunas reflexiones.

La modificación –que el Senado aprobará o rechazará en febrero–, resulta en apariencia inocua; sin embargo, el problema radica en su interpretación. Me explico: el Episcopado Mexicano ha redefinido conceptos que gozan de aceptación para dotarlos de contenidos acordes con sus particulares intereses. En primer lugar, invoca los derechos humanos para recuperar privilegios; el principio jurídico de igualdad lo condiciona al reconocimiento de que su credo cuenta con mayor representatividad; admite la tolerancia siempre que sea selectiva: en los países donde es minoría pugna por un Estado laico y en donde es mayoría atropella los derechos de las demás confesiones, etiquetándolas peyorativamente como sectas.

Cuando los obispos y sus aliados hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente. La añeja pretensión clerical de modificar el artículo 3º constitucional, cuyo texto vigente señala que “la educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa”, es, de suyo, grave. Uno de los escenarios que plantean los opositores al Estado laico, es la inclusión de la catequesis como asignatura en los libros de texto gratuitos, lo cual obligaría a los profesores –religiosos o laicos– a impartir esta materia y a otorgar calificación y, en su caso, reprobar a todo aquel que se resista. Es claro que los niños pertenecientes a las minorías religiosas sufrirían, innecesariamente, el flagelo de la discriminación, la violación de sus derechos humanos y la deserción escolar a causa de un modelo educativo excluyente e intolerante.

Así, la jerarquía católica chantajea y exige al gobierno y al Congreso la restitución y ampliación de privilegios –que no de libertades–, entre los que se cuentan la instrucción religiosa en los “espacios públicos”, la posesión y control de medios de comunicación electrónicos y la participación de los ministros de culto en política electoral. Sobra decir que con tales pretensiones se pondrá fin al Estado laico y se dará paso a un modelo confesional similar al franquista.

Conviene recordar que la erosión del Estado mexicano tiene su origen en la subordinación del gobierno federal a la agenda político-religiosa que El Vaticano impulsa en nuestro país. En octubre de 2007, por citar un ejemplo,  Domenique Mamberti exigió al presidente Calderón “una plena garantía de libertad religiosa” y la “supresión de equívocos” en las normas vigentes en nuestro país”.

Los diputados que votaron a favor de dicha reforma (junto con los que se ausentaron del recinto legislativo, que convalidaron el golpe al Estado laico), traicionaron el legado de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma: sus intereses personales y de grupo obnubilaron principios y pronto olvidaron que para establecer el Estado laico se pasó por guerras civiles y de intervención extranjera, ataques desaforados contra la tolerancia, reivindicaciones de la educación pública, lucha contra las inercias y los prejuicios históricos y el enfrentamiento a los poderes del clero y los terratenientes.

Por las razones citadas, exijo al Senado que dé marcha atrás a la precipitada aprobación que hiciera la Cámara de Diputados. En manos de la Cámara Alta se encuentra el destino de país que queremos heredar a nuestros hijos. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica. Ante las pretensiones del clero y sus aliados por retomar el sometimiento de las conciencias, alcemos la voz: ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!

A t e n t a m e n t e

Laura Campos Jiménez

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Proceso, n. 1837, 14 de enero de 2012, sección Palabra de Lector.

Twitter:  @serhistoriadora               camposjmz@gmail.com

El fracaso del Cardenal y la reforma al 24 constitucional


 

La Jornada Jalisco, 13 de enero de 2012

Por Laura Campos Jiménez

Leí con interés la reciente declaración del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en donde señala la “necesidad” de que “en las escuelas de educación pública se imparta enseñanza de valores para contrarrestar la violencia…”, ya que –en su opinión– “la instrucción [religiosa] de las futuras generaciones es el remedio a largo plazo…” (La Jornada Jalisco, 6 de enero de 2012).

La cita anterior, se da en el contexto de la reforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre y cuya minuta se encuentra en el Senado de la República para su aprobación o rechazo en las próximas semanas. La “libertad de religión” es el concepto añadido en dicha reforma –que suple los términos libertad de creencia y de culto–, el cual es interpretado tendenciosamente por la jerarquía eclesiástica, con el objetivo de introducir educación religiosa católica en las escuelas públicas, con cargo al erario, entre otras exigencias.

Detrás de dichas pretensiones, sin embargo, se encuentra una realidad que el prelado tapatío se niega a reconocer: su fracaso pastoral al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara durante 17 años de administración diocesana. Es evidente que los “valores” inculcados por el líder de la grey católica a su comunidad, no fueron suficientes para disminuir la violencia y los crecientes índices de criminalidad en nuestra entidad; por el contrario: los escándalos; el distanciamiento hacia sus feligreses; la participación abierta en política; la violación de las leyes civiles; la comisión de delitos electorales; los conflictos internos con el presbiterio diocesano; las amistades ligadas al crimen organizado; el encubrimiento de sacerdotes pederastas; y la intolerancia hacia las minorías religiosas y a toda voz crítica, entre otros, desembocaron en un irreversible éxodo de fieles hacia otros credos o al abandono total de las creencias –sin que esta realidad eclesial le quite el sueño–, tal y como lo revelan los datos estadísticos sobre el descenso porcentual del catolicismo en México y Jalisco, de acuerdo con el Censo de 2010.

En relación con la indiferencia religiosa que se vive al interior de la arquidiócesis, el propio cardenal Sandoval ha sostenido que dicho problema, literalmente, se le escapó de sus manos: “En nuestros días –explica– las nuevas generaciones crecen prácticamente paganas, sin ningún conocimiento o formación religiosa […]. Entre nosotros es enorme, grave y extrema la ignorancia de nuestra propia religión. Generalmente se vive una fe que han transmitido nuestros mayores y que es, por lo tanto, una fe de tradición; una fe apoyada en celebraciones multitudinarias, en manifestaciones de religiosidad popular, en peregrinaciones, etcétera, mas no es una fe que se haya asumido con convencimiento personal porque no se conoce; no se conocen a fondo sus dogmas, la enseñanza de la Iglesia y demás” (Semanario, edición 441, 17 de julio de 2005, p.3).

De la precedida afirmación, se puede reiterar que la pastoral catequética implementada en la Arquidiócesis de Guadalajara por el cardenal Sandoval –al interior de sus más de 400 parroquias–, fue, sin matices, un fracaso. La petición que hace el religioso a los senadores para que aprueben la reforma del artículo 24 constitucional, y con ello se dé fin al Estado laico y se proceda con el “traslado” de la catequesis y los crucifijos a las escuelas públicas, es la misma consigna por la que combatieron los cristeros al Estado mexicano (1926-1929), con los saldos funestos que conocemos.

Entre tanto que el cardenal Sandoval invoca la educación religiosa en las escuelas públicas (bajo la noción ambigua de los “valores”): el catolicismo ha perdido terreno en el mundo, y sobre todo en sus antiguos feudos del viejo continente; los jóvenes se alejan cada vez más de esta Iglesia, y los creyentes en general dejan de ser practicantes; a nivel mundial, las vocaciones religiosas y las órdenes monásticas van a la baja; los sacerdotes en activo son de edad avanzada (57.3 años en promedio) y su pronto retiro agravará aún más el mencionado déficit; las encíclicas del Papa o muchos de sus llamados son prácticamente ignorados por los fieles, quienes siguen otras pautas de conducta y de moral (ajenas a los dictados de sus obispos); la Conferencia del Episcopado Mexicano no sabe qué hacer con los mil 500 sacerdotes casados en activo; el 90% de las mujeres que abortan y toman la píldora anticonceptiva son católicas; la escasez de curas, el colapso del sacerdocio en muchos países y los escándalos sexuales suscitados al interior del clero, han causado desencanto en grandes sectores de la sociedad…

Ante la crisis eclesiástica reseñada, resulta inadmisible que sean 121 obispos, 199 diputados y 128 senadores los que decidan –a través de oscuras y bastardas negociaciones– dar un giro a la historia del país, en dirección hacia un Estado confesional, y pretendan implantar una moral religiosa en nuestra sociedad al restituir privilegios indebidos. Somos millones de mexicanos (que electoralmente representamos millones de votos), los que nos oponemos al regreso a etapas oscurantistas ya superadas en el país. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica.

Exijamos al Senado de la República, en suma, que dé marcha atrás a la accidentada aprobación que hiciera la Cámara de Diputados. Alcemos la voz y defendamos con argumentos, y de manera pacífica, la preservación de nuestras libertades laicas. Aún es tiempo… ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!

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La Jornada Jalisco, 13 de enero de 2012, p. 2. 

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/01/13/index.php?section=opinion&article=002a2pol

twitter:  @serhistoriadora         camposjmz@gmail.com

La defensa del Estado laico en Jalisco


Por Laura Campos Jiménez

Tras la reciente aprobación de la Cámara de Diputados a la reforma del artículo 24 constitucional –en donde se modifican los conceptos de libertad de creencias y de culto por el de  “libertad de religión”, y cuya minuta se encuentra en el Senado de la República para ser ratificada o rechazada el primero de febrero–, la sociedad jalisciense salió a las calles el pasado 14 de enero, para manifestar su enérgico rechazo a dicho cambio constitucional.

En un hecho inusitado, las calles del centro histórico de Guadalajara fueron  tomadas por miembros de la sociedad civil –de manera pacífica y ordenada–, en protesta por dicha reforma.

El argumento de los ciudadanos inconformes es legítimo y tiene  sustento:  el dicho cambio constitucional obedece a un pacto secreto de las bancadas lesgislativas del PAN y PRI con la jerarquía católica, en donde no hubo un debate abierto y de cara a la sociedad ni se tomó en cuenta a los actores sociales interesados en esta temática, iniciando con ello la  desmantelacíón del Estado laico y la restitución gradual de privilegios al clero, en donde, de acuerdo con el  dictamen original de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se  iniciaría con modificar el 24, y posteriormente se haría lo propio con los artículos 3, 5, 27 y 130.

Una de las pancartas que portaban los más de 2 mil manifestantes, decía a la letra: “Senador, razona tu voto, que yo razonaré el mío”. Sobra decir que esta expresión no requiere de mayores explicaciones .

La movilización de la sociedad civil en favor del Estado laico y la oposición a la reforma del artículo 24,  se traducen en una exigencia ciudadana a los legisladores federales, quienes se resisten a escuchar los legítimos reclamos de sus representados. Y es que somos millones de mexicanos los que no queremos el regreso a etapas oscurantistas ya superadas.

La preservación del Estado laico y las libertades conquistadas hace 150 años en nuestro país, no son asuntos menores.  

Twitter: @serhistoriadora      camposjmz@gmail.com

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Pd. Comparto algunas fotografías que  envío a mi correo uno de los asistentes al evento. 

Mitos de la Guerra Cristera


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La historiadora Laura Campos desmiente mitos sobre la Iglesia y la Guerra Cristera

Por Juan Carlos G. Partida

En el libro 100 Mitos de la Historia de México recién publicado por Santillana, la historiadora tapatía Laura Campos Jiménez desvela en un ensayo la falsedad de la Iglesia católica al señalar que el clero nunca combatió con las armas en la mano durante la Guerra Cristera, demostrando que los “mártires” hoy canonizados y para quienes se construye un santuario y el ayuntamiento de Tlaquepaque plantea una inversión multimillonaria en vialidades para dar acceso a sus feligreses, formaron parte de las huestes fanatizadas que asesinaron a cientos de personas al grito de “viva Cristo rey”.

El libro es una recopilación de estos mitos hecha por el también historiador Francisco Martín Moreno y en el tema de los cristeros Laura Campos señala que la jerarquía eclesiástica de la época –apoyada en las encíclicas del papa Pío XI y en la enseñanza moral de los doctores de la Iglesia institucional– no sólo justificó teológicamente la lucha armada, sino que la apoyó y la bendijo, sin medir las consecuencias sociales, políticas y económicas que acompañaron a la revuelta.

El propio papa Pío XI, en vísperas del alzamiento cristero, se pronunció sin rodeos a favor de los sediciosos. El 18 de noviembre de 1926 publicó la encíclica Iniquis Afflictisque, en la que bendijo a los jerarcas católicos y al clero “deseoso de sufrir duras pruebas”.

José María González y Valencia, arzobispo de Durango y presidente de la comisión de obispos mexicanos en Roma durante el conflicto cristero, dio a conocer a sus fieles las palabras aprobatorias de Pío XI respecto del levantamiento armado: “Qué consuelo tan grande inundó nuestro corazón de prelado al oír con nuestros propios oídos las palabras del jefe supremo de la Iglesia (…) le hemos mirado conmoverse al oír la historia de nuestra lucha (…) aprobar vuestros actos y admirar todos vuestros heroísmos (…). Él, pues, el sumo pontífice, os anima a todos, sacerdotes y fieles, a perseverar en vuestra actitud firme y resuelta. Os anima a no temer a nada ni a nadie, y sí sólo temer el hacer traición a vuestra conciencia”.

Fue justo la publicación de las encíclicas pontificias de Pío XI y las cartas pastorales del episcopado mexicano lo que motivó a muchos sacerdotes católicos a incitar a sus feligreses a la rebeldía armada, desde el púlpito, los confesionarios y la promesa de indulgencias a quienes se diera de alta en el “ejército libertador”, los futuros “santos mártires”.

El ensayo recuerda que como sucedió en las cruzadas, en la persecución de disidentes (judíos, protestantes, cátaros), en la violencia de la Inquisición, en la hoguera para los herejes, los preceptos bíblicos de “No matarás” o “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” estuvieron ausentes en los discursos y sermones de los dignatarios religiosos durante la rebelión cristera.

En su escrito, Campos señala que en el libro Cristiada, crímenes de fe, de Salvador Fausto Crotte, hay un testimonio sobre el asesinato en 1935 de la maestra rural María R. Murillo, en Huiscolco, Zacatecas, apenas uno de los al menos 200 crímenes documentados de mentores “herejes”. Hoy la primaria de ese lugar lleva el nombre de la profesora asesinada.

Hubo sacerdotes que empuñaron y capitanearon a la prole fanatizada desde El Vaticano. Entre ellos sobresale José Reyes Vega el “Pancho Villa de sotana”, famoso por su impulsividad y su gusto por las mujeres. Fue cura de Arandas y luego general cristero.

Él, junto a Miguel Gómez Loza y otros sacerdotes, participó en el asalto al tren de La Barca, el 19 de abril de 1927, donde murieron cientos de pasajeros a balazos, pasados por arma blanca o carbonizados. Es conocida la anécdota de que Reyes Vega cuando mataba a prisioneros “con una mano daba la absolución in articulo mortis a los heridos y con la otra y su propia pistola, asestaba el tiro de gracia”.

Otros participantes en el asalto al tren fueron los sacerdotes Aristeo Pedroza y Jesús Angulo. Al primero, entre muchos crímenes, se le atribuye la muerte de uno de los más destacados miembros del ejército cristero, Victoriano Ramírez El Catorce, a quien el cura y general mandó ejecutar “para introducir entre la tropa una absoluta seriedad y disciplina que eran rotas por las actitudes rebeldes de dicho personaje”. Ángulo luego fue nombrado obispo en Villahermosa, Tabasco, al término de la guerra.

La autoría intelectual del atentado al tren es atribuida al arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. También participó quien luego sería arzobispo de México, Miguel Darío Miranda. La lista incuye a otros sacerdotes como Gabriel González, Enrique Morfín Carranza, José Espinosa, Clemente García, Miguel Guízar Morfin, José María Martínez. Miguel Pérez Aldape, Enrique Ochoa, Leopoldo Gálvez, Francisco Carranza, Jesús Anguiano, entre otros.

Hasta el primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera –a quien apodaban Pepe Dinamita–, ha sido relacionado con el asalto al tren y el movimiento en general, bajo el seudónimo de Mariano Reyes, nombres cambiados que muchos personajes de la curia usaban para no comprometerse.

La guerra, para cuyos “santos” hoy se erige un multimillonario templo en Tlaquepaque y que según el alcalde de ese municipio, Miguel Castro, tendrá una inversión cercana a los 200 millones de pesos para vialidades “aportadas por desarrolladores inmobiliarios”, costó al menos 70 mil vidas de mexicanos y el desplazamiento de unas 200 mil personas.

La Jornada Jalisco, 27 de diciembre de 2011, p. 5

(http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/12/27/index.php?section=politica&article=005n2pol)

Carta a Proceso


Llama a sancionar al presidente por faltar al Estado laico

 
 
 
 (Haga click en el texto escaneado para su ampliación)
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Proceso, n. 1825, 23 de octubre de 2011, p. 95.
Sección Palabra de Lector.
 
Señor director:
 
Le solicito la inserción de esta carta en la gustada sección Palabra de Lector del semanario a su digno cargo.
 
Durante la inauguración de la Plaza Mariana, el pasado 12 de octubre, el presidente Felipe Calderón violentó la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el carácter laico del Estado mexicano.
 
Acompañado del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y del cardenal Norberto Rivera, afirmó que todos “los mexicanos somos guadalupanos sin importar fe o creencias”. Asimismo, refirió que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad. Somos guadalupanos (…) y, para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos (…) la Basílica de Guadalupe es un factor de integración social, de afianzamiento de la identidad nacional y de la unidad…”.
 
Ese discurso de Calderón, además de ser discriminatorio y lesivo de los derechos humanos, lapida la citada “unidad” y polariza a las minorías religiosas y a los no católicos, quienes suman el 16 % de la población. Revivió así el viejo discurso eclesiástico que pugna por que se identifique mexicanidad con catolicismo.
 
Al expresar que “somos guadalupanos”, nos guste o no, y que la citada imagen es “representativa de todos los mexicanos”, Calderón antepone sus creencias personales a su investidura presidencial, quebrantando con ello la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo artículo tercero señala que “el Estado mexicano es laico”, y que éste “no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna”.
 
El presidente Benito Juárez, en Apuntes para mis hijos, señaló que “los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.
 
Cuando Calderón alude al guadalupanismo como “signo de identidad”, debería recordar que al ser impuesto dicho culto en nuestro país (en la primera mitad del siglo XVI), la cruz y la espada de los conquistadores violentaron la religiosidad prehispánica, sembrando confusión y división entre los naturales. Por otro lado, el censo de 2010 reveló que nuestro país es cada vez menos católico y, por ende, menos guadalupano, por lo que la aseveración del presidente, además de ofensiva, resulta errática y anacrónica.
 
A mi juicio, no se debe tolerar el hecho de que un presidente de la República, al hacer una apología religiosa de dichas dimensiones, trasgreda el orden constitucional. El Poder Legislativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) están obligados a actuar en consecuencia. La consolidación del Estado laico en nuestro país se los demanda. (Carta resumida.)
 
 
Atentamente
 
Laura Campos Jiménez
Historiadora por la Universidad de Guadalajara
camposjmz@gmail.com
 
 http://www.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=285563
 
 
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Felipe Calderón, durante la campaña presidencial de 2006, firma estampitas de la virgen de Guadalupe a sus posibles electores.
Felipe Calderón, durante la campaña presidencial de 2006, regala y firma estampitas de la virgen de Guadalupe a sus posibles electores.

  

I N I C I O

Demandan a la CNDH investigar violación del Estado laico en Jalisco


Impugnan resolución del ombudsman estatal sobre la macrolimosna para santuario cristero

María de los Ángeles Moreno y Enoé Uranga instan a la comisión nacional a definir su postura

Los 30 millones de pesos desviados a la obra ya habrían sido reintegrados a las arcas estatales


Periódico La Jornada
6 de octubre de 2011, página 35
 
Por Víctor Ballinas y Andrea Becerril
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La senadora priísta María de los Ángeles Moreno Uriegas y la diputada perredista Enoé Uranga demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defina públicamente su posición sobre el Estado laico e investigue la queja prsentada contra el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, por el desvío de 30 millones de pesos, parte de una donación para construir en Tlaquepaque del santuario de los Mártires Cristeros, obra promovida por la arquidiócesis de Guadalajara.

En conferencia de prensa, las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.

Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos.

Interrogado sobre la pertinencia de usar fondos públicos para esa obra, con la cual la arquidiócesis espera ganar 3 mil millones de pesos sólo por venta de criptas, el gobernador dijo que eso no era problema suyo y que el interés de su gobierno era promover el turismo religioso.

La oposición se generalizó y un mes después las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sumaron casi 5 mil. En un acto público, el gobernador injurió a los opositores al proyecto.

A mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco, dijo a finales de abril, en evidente estado de ebriedad, durante una cena para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ligada también a la arquidiócesis de Guadalajara.

“Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan (Sandoval Íñiguez, el cardenal ahí presente), absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos, más intereses, que entre el 24 de marzo y el 23 de junio sumaron 563 mil 533 pesos, según Julio García Briseño, tesorero de la fundación.

En la conferencia de prensa estuvieron también los activistas que impugnaron ante la CNDH la resolución de su homóloga estatal: Jaime Hernández, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo; Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara; la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes exigieron que la CNDH actúe con independencia y siente un precedente en favor del Estado y de la cultura de la legalidad.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/06/estados/035n1est 

 

I N I C I O

Daños por vulnerar el Estado laico


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Por Gabriela Rodríguez

Después de la guerra fría los derechos humanos se han convertido en el único marco de defensa de la ciudadanía ante los abusos de poder de las autoridades; ojalá que la reciente reforma constitucional logre evitar que los estados siguan actuando contra la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.

Cuando gobernadores, alcaldes y funcionarios roban o desvían los recursos del erario, maltratan o mandan matar a ciudadanos, resulta obvio el abuso de poder, el daño y el pisoteo a los derechos humanos; aunque nuestro sistema de injusticia e impunidad deje en libertad a quienes los violentan.

Al lado de esas agresiones de Estado, coexisten otras con daños menos tangibles. Como cuando Emilio González Márquez, todavía siendo alcalde, editó un libro de texto oficial haciendo una apología de la religión católica; cuando regaló un nacimiento artesanal al Vaticano, con un costo de un millón de pesos, con cargo al erario. Al colmo llegó en 2008, siendo ya gobernador, y del mismo fondo estatal donó 30 millones de pesos a la arquidiócesis de Guadalajara para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros; la llamada macrolimosna tuvo que devolverse ante la movilización social y 7 mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

A tres años de distancia, resulta increíble que dicha comisión notifique que las quejas carecen de sustento y que el gobernador no violó el Estado laico, ni el artículo 130 de la Constitución federal; que no quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR), ni incurrió en discriminación religiosa en prejuicio de otras iglesias y ciudadanos.

Como nos informa Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara, el argumento de que el recurso no fue entregado a una asociación religiosa sino a una asociación civil debidamente registrada quiere ocultar lo que nadie ignora: que la fundación beneficiaria, Pro Santuario de los Santos Mártires Cristeros, fue creada para triangular los recursos del erario que tenían como destinatario al arzobispado de Guadalajara.

¿Qué derechos humanos se están violentando con esas acciones? Se violenta el derecho a la educación laica, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los cuales se sustentan en el Estado laico. El derecho a la educación laica se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de Educación y en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El segundo y tercer apartados del artículo tercero constitucional establecen que: I. Garantizada en el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 24 constitucional: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Estado laico se reconoce en el artículo 130 constitucional: “Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa (…) No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR) establece en su artículo tercero que: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna –las cursivas son mías–. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”. El artículo 30 de la LAR precisa que el órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y que: la autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. En el artículo 31 se especifica que: Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en consideración (…) I. Naturaleza y gravedad de la falta o infracción; II. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; III. Situación económica y grado de instrucción del infractor; IV. La reincidencia, si la hubiere, y V. El daño causado.

Un grupo de organizaciones civiles impugnarán el carpetazo de la CEDHJ ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque en el caso de Jalisco la falta es grave: se desviaron más de 30 millones de pesos; se alteró la tranquilidad social, principalmente al excluir a los jaliscienses que no son católicos (588 mil 600 según el Censo 2010) o aquellos cuyo catolicismo se distancia del que promueve Juan Sandoval Íñiguez; hay solvencia en el infractor como para exigirle el pago de multa; hay reincidencia de la falta –al menos en tres ocasiones– y el daño causado es grave, el dinero del erario sólo puede donarse a organizaciones civiles que ofrezcan servicios para la población necesitada del estado y no para la construcción de templos.

La Jornada, 17 de junio de 2011, p. 22.

(http://www.jornada.unam.mx/2011/06/17/opinion/022a1pol)

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Incio

Da carpetazo la CEDHJ al caso de la “macrolimosna”


 Por  Laura Campos Jiménez

A tres años de distancia del donativo que hiciera el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, al Arzobispado de Guadalajara para la construcción de un santuario cristero, y luego de la manifestación ciudadana en contra de la llamada “macrolimosna”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a través de  la Quinta Visitadora Norma Robledo Terrazas (oficio 712/2008-V), envió un resolutivo en donde se afirma que carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestinaron el uso discrecional del erario, bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público.

De acuerdo al resolutivo, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.

Con los argumentos que presenta la CEDHJ, se está validando la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, se reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

camposjmz@gmail.com

Notificación de la resolución de la CEDHJ en torno a la “macrolimosna”

El 2 de abril de 2008 presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, oficio 814/08-V), en contra del gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 30 millones de pesos que entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus testaferros, para la construcción de un santuario dedicado a los santos cristeros.

Reconozco que  me sentí profundamente lastimada al saber que el dinero de los impuestos sería utilizado para financiar la construcción de un recinto religioso, dedicado a honrar a quienes a principios del siglo pasado se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano, quemaron escuelas, asaltaron trenes, mutilaron maestras y maestros y realizaron acciones –algunas de ellas ilegales– para implantar en nuestro país un gobierno confesional.

Al conocer el fallo de la CEDHJ y ser notificada que mi queja carece de sustento -al igual que las 7 mil quejas interpuestas en 2008-, he decidido interponer un recurso de impugnación ante dicha resolución. Considero que mis argumentos fueron desdeñanos y minusvalorados. En este sentido, estimo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe intervenir y hacer una revisión objetiva e imparcial del resolutivo en comento.

I.-  Resolución completa de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en torno a la macrolimosna (25 de febrero de 2011). 36 hojas. (archivo PDF, haga clik).

ONG impugnarán carpetazo de CEDHJ a más de 7 mil quejas por la macrolimosna

II. La Jornada Jalisco, 13 de mayo de 2011, p. 7.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

  http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/13/index.php?section=politica&article=007n2pol

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Carta publicada en el semanario Proceso, n. 1803, 22 de mayo de 2011, pp. 79-80.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleImpreso/154080

 

El expediente incómodo

El cardenal Juan Sandoval (izquierda), y el gobernador Emilio González Márquez, durante la entrega del donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, el 24 de marzo de 2008.
El cardenal Juan Sandoval (izquierda), y el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, durante la entrega del donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, el 24 de marzo de 2008 en Casa Jalisco.
 
Por Laura Campos Jiménez
 
Comparto con ustedes, amables lectores, un resumen de la resolución emitida por la CEDHJ  el pasado 25 de febrero (de 36 hojas), en donde añado algunos comentarios, esperando que esta información pueda ser de utilidad.
 
En el siguiente link puede obtener el expediente completo: Resolución de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en torno a la macrolimosna.
 

a) El pretexto que emplea la CEDHJ para avalar la violación al Estado laico, es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales,  porque da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

b) El gobernador de Jalisco, al dar dinero a una asociación religiosa para promover el culto de ésta, violó el Estado laico, de eso no queda la menor duda. La gravedad del caso no radica en el “conducto” que se haya empleado, sino en el destino de los recursos públicos.

c) El propio arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, evidenció el carácter tramposo de esa maniobra, cuando, en un primer momento, agradeció el donativo al gobernador y luego, forzado por las protestas ciudadanas contra la “macrolimosna”, optó por devolver el dinero que había recibido y agradecido: si no lo recibió él de parte del gobierno estatal, según dice la CEDHJ, entonces, ¿cómo pudo haberlo devuelto?, ¿cómo puede alguien devolver algo que nunca llegó a sus manos? Entonces, en realidad, el dinero sí lo recibió y la mencionada Asociación Civil fue sólo un intermediario, una pantalla, un prestanombres…

d) La CEDHJ exonera al gobernador de Jalisco, y demás funcionarios, de haber violado los derechos humanos en el caso de la “macrolimosna”.

e) El donativo entregado por el gobernador de Jalisco al arzobispado de Guadalajara, fue recibido por el cardenal  Sandoval. No se benefició, entonces, una “institución privada”  (cuyo nombre revela el objeto de su creación), sino una asociación religiosa.

f) La CEDHJ da por cerrado este caso exonerando al gobernador de Jalisco y demás funcionarios. ¿Será necesario que los siete mil quejosos ofrezcan una disculpa pública al gobernador de Jalisco por “difamación”, “daño moral” y “violación a sus derechos humanos” en el caso de la “macrolimosna”?

Impugnan resolución de la CEDHJ en el caso de la “macrolimosna”

Vista panorámica del santuario de los mártires cristeros.

 Por José Luis Villegas

El pasado 17 de mayo fueron interpuestos tres recursos de impugnación en contra de la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, de fecha 25 de febrero de 2011), quien dio su fallo a favor de la “macrolimosna”, suceso en donde el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó 30 millones del erario para la construcción de un santuario cristero (marzo de 2008), y posteriormente despotricó con ofensas a quienes criticaron dicho donativo.

Para la CEDHJ -de acuerdo al citado resolutivo-, González Márquez  no quebrantó el Estado laico, ni violentó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni discriminó a las minorías religiosas, ni violó la garantía de igualdad entre personas físicas y morales, ni incurrió “en ejercicio indebido de la función pública”. Por si esto fuera poco, el informe precisa que “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”, lo que deviene en una virtual exoneración al mandatario estatal (véase  Resolución completa de la CEDHJ, 36 hojas. ).

La respuesta oficial de la CEDHJ a las siete mil quejas ciudadanas interpuestas en 2008 en contra del donativo del gobernador, es cuestionable -y lamentable- desde el punto de vista jurídico, ético e histórico.  Con esta resolución se valida, en la práctica, la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

El doctor Jaime Hernández (de camisa blanca), da a conocer algunos aspectos de su impugnación.

Recursos de impugnación

Las impugnaciones en contra de la citada resolución, fueron presentadas en la oficialía de partes de la CEDHJ, de manera individual,  por el abogado Carlos González Garín, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A. C., asi como por el doctor Jaime Hernández Ortiz, presidente de la C. de Derechos Humanos 28 de mayo y la historiadora Laura Campos Jiménez, en su carácter de ciudadana y sin filiación partidista.

Para González Garín, con la resolución de la CEDHJ se exonera al gobernador y a los Secretarios de Finanzas y Turismo, además de que aquella se muestra “partidaria de la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, con lo que trasgrede los principios mismos de los derechos humanos y la democracia, y da la espalda a la ciudadanía que puso en sus manos este caso”.

“Existe plena incompetencia de la CEDHJ para sancionar los abusos del poder estatal y actuar conforme a los principios de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia. Su resolución es ilegal e inaceptable, pues tardó más de tres años en dictarse (art. 56 de la Ley de la CNDH habla de un máximo de un año), por lo que la impugnaremos ante la CNDH y los organismos internacionales, a través de los recursos de impugnación y petición”, advirtió el abogado.

El abogado Oscar González Garín, después de entregar su recurso de impugnación.

Trasgresiones al Estado laico

Jaime Hernández, por su parte, considera que la CEDHJ fue omisa en investigar el fondo de los hechos, motivo de casi siete mil quejas:  ”Es evidente que el gobernador y diversas autoridades del Estado violaron la legalidad, en este caso la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al intentar triangular un donativo que por un lado estaba prohibido, pues el gobernador es el titular de un poder estatal, el Poder Ejecutivo, integrante a su vez de la Federación e integrante del Estado mexicano, debiendo abstenerse de cometer violaciones de actos de preferencia, directa o indirectamente, de asociaciones religiosas”.

La historiadora Laura Campos, en su turno, señaló que el pretexto que usa la CEDHJ para avalar la violación del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias -fundamento del Estado laico- es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, la Fundación Pro Santuario de los Mártires, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, señala, “la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales, que da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.

La historiadora Laura Campos, señala casos concretos de violaciones al Estado laico.

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La impugnación a la resolución de la CEDHJ vista por los medios de comunicación

- Canal 44 (canal de la Universidad de Guadalajara)

Haga clik en la imagen para ampliar el texto.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/12/index.php?section=opinion&article=002a1pol

 http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2086373.htm

“Los pecados de Marcial Maciel”: Informe especial TVN (2009)


 

Por Laura Campos Jiménez

En 2009, la Televisión Nacional de Chile (TVN) transimitió el documental intitulado: “Los pecados de Marcial Maciel”; bajo la dirección de la periodista Paulina de Allende. En este reportaje se da a conocer el modus operandi y los abusos sexuales cometidos en décadas por el líder y fundador de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi, en las voces de sus víctimas.

Paulina de Allende, a través de una impecable investigación periodística, recoge los testimonios de siete ex legionarios que fueron sometidos a los abusos de su mentor religioso: José Barba, Saúl Barrales, Alejandro Espinoza –autor del libro El Legionario (Grijalbo, México, 2003)–, José Antonio Pérez Olvera, Arturo Jurado, Félix Alarcón y Juan José Vaca. En esta tarea reporteril, la periodista chilena se traslada a los lugares en donde ocurrieron los hechos.

En el documental aparecen entrevistas realizadas a periodistas e investigadores mexicanos y españoles, así como un fragmento del discurso que Marcial Maciel pronunciara en la Plaza de San Pedro, en ocasión del quincuagésimo aniversario de Los Legionarios de Cristo, ante el papa Juan Pablo II, quien conocía de primera mano los abusos y desmanes cometidos por el religioso michoacano. Ante estas evidencias, y en respuesta al discurso de Maciel, Juan Pablo II dirigió unas palabras de elogio al sacerdote pederasta ante una multitud reunida en Roma.

Considero que este reportaje aporta datos fidedignos, de forma nítida y sistemática, sobre la historia delictiva del sacerdote católico Marcial Maciel, así como de su relación con las cúpulas de poder –económico, civil y eclesiástico–,  las cuales fueron cómplices, directa y/o indirectamente, de las fechorías del religioso y responsables del delito de  encubrimiento. Estas últimas, cabe resaltarlo, aunque no fueren  citadas a comparecer ante un Ministerio Público, el juicio de la historia, tan justo como implacable, ya dictó sobre ellas su irrevocable sentencia…

Comparto con ustedes este reportaje (dividido en siete partes, pero completo en su contenido), esperando que sea de su interés.

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El verdadero rostro del cardenal Sandoval


 

Por Laura Campos Jiménez

El pasado 17 de marzo, durante la presentación del libro “El verdadero rostro del cardenal”, el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez reconoció que al interior de la Arquidiócesis de Guadalajara se han presentado casos de pederastia sacerdotal, aunque, matizó, “sólo han sido cinco o seis en nueve años los implicados entre más de mil sacerdotes en funciones, además de que ya se les castigó en el seno de la Iglesia católica”.[1]

El cardenal Sandoval, ante dichas revelaciones, refirió que “el porcentaje [de abusos sexuales del clero] es bajo”, y pidió a sus fieles que los casos de acoso de parte de sacerdotes hacia menores deben ser denunciados ante las oficinas del arzobispado para investigarlos, en lugar de acudir a la autoridad civil.

Sandoval: protector de pederastas

El arzobispo tapatío -cabe recordarlo- en lugar de reprobar los escándalos de abuso sexual en los que se han visto involucrados diversos clérigos de la Iglesia católica, ha considerado que se debe comprender y perdonar a los curas que incurrieron en esa falta, “puesto que el hombre es débil y está expuesto a fallar”.[2]

Al tocar el tema de los abusos sexuales del clero, el purpurado omite hablar sobre la reparación del daño perpetrado a las víctimas y la necesaria acción de la justicia; en cambio, invita a sus feligreses a entender “que los ministros de la Iglesia son seres humanos que en determinado momento de su vida pueden dar la espalda a Dios y fallar […] pero deben ser comprendidos”.[4] Recuerda que en Guadalajara “hay un centro de atención que atiende a los sacerdotes que tienen problemas, de estos y de otros, para rehabilitarlos”.[5]

El “centro de atención” al que el prelado hace referencia, es en realidad una clínica para rehabilitar sacerdotes pederastas y atender sus adicciones, conocido como “Casa Alberione”. En este lugar –de acuerdo a la periodista Sanjuana Martínez– se hospedan durante tres o seis meses presbíteros de más de dieciséis países. El cardenal suele acudir con regularidad. Celebra misas y supervisa el funcionamiento ‘terapéutico’ del lugar:

La Casa Alberione es un búnker cercado [...] Dirigida por el purpurado, se trata de una clínica para sacerdotes pederastas denominada “Centro de Adicciones [...] El refugio para los curas con “problemas de conducta”, que está ubicado en la calle Pemex número 3987 de la colonia Vista Hermosa, cuenta con instalaciones de cinco estrellas y personal especializado.[6]

Sandoval, en una carta pastoral de 2002 titulada “Escándalos en la Iglesia”, encomia y justifica la existencia de la “Casa Alberione”:

En esta Iglesia de Guadalajara, a los sacerdotes que caen en una situación de pecado y de escándalo, en esta o en otra los campos de la espiritualidad, la medicina y la psicología, en una casa fundada aquí para ayudar a sacerdotes que padezcan depresión o cansancio y aquellos que caigan en conductas indebidas”,[7]

¿Cuántos sacerdotes pederastas habrán pasado por la clínica dirigida por el cardenal Sandoval Íñiguez? No es posible saberlo. Los curas que pasan por la Casa Alberione, al ser dados de alta por el arzobispado, vuelven a ser colocados en otras capillas, en otros estados o países, cuantas veces sea necesario, todo para salvar el buen nombre de la Iglesia católica y para evadir la acción de la justicia.

El caso del sacerdote Heladio Ávila

En la presentación del libro “El verdadero rostro del cardenal”, el tema de la pederastia clerical salió a relucir cuando el arzobispo tapatío declaró que “cuando se le comprueba a algún sacerdote que comete esa falta (pederastia), aquí en la Arquidiócesis se le suspende. Es un castigo mucho muy grande, porque ya no puede ejercer el ministerio…”.[8] Esta advertencia, contrario a la anterior aseveración, es falsa y forma parte del característico doble discurso de Sandoval: en la arquidiócesis de Guadalajara se mantiene en activo a sacerdotes pederastas, a quienes se protege -en una acción de complicidad- de la acción de la justicia.

Cura Heladio Ávila Avelar

Cura Heladio Ávila Avelar

Uno de los casos más conocidos, es el del sacerdote Heladio Ávila Avelar, vicario en la parroquia “La transfiguración del Señor”, perteneciente a la arquidiócesis de Guadalajara, quien fue sentenciado por el delito de violación en agravio de tres niños, de ocho, nueve y diez años de edad, respectivamente, en julio de 1996.[9]

El expediente del caso relata con detalle los abusos de Ávila: “…los menores de edad fueron invitados por el sacerdote a tomar clases de piano y una vez en la casa parroquial, Ávila jalaba a alguno de ellos hacia una de las habitaciones, donde llevaba a cabo el atentado sexual en su contra.”.[10]

El párroco ofrecía fruta y dulces a los niños a cambio de lo que les hacía, con el fin de que “no dijeran nada”. Sin embargo, sus familiares se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cuando uno de los menores habló y los padres se entrevistaron con el acusado. El sacerdote aceptó ante los padres de las víctimas haber abusado sexualmente de los niños, arguyendo que “los menores se lo pidieron”,[11] y amenazó que si lo denunciaban mandaría a matar a los niños o cuando menos los iba a desaparecer. Entonces uno de los padres decidió llamar a la policía para detenerlo.[12]

El cura Ávila, al ser aprehendido, reconoció los hechos ante el Ministerio Público, mientras que los padres de los menores adviriteron a esa instancia judicial que “no eran las únicas víctimas del delito, sino que hay más, cuyos padres no acudieron a denunciar”.[13]

En su declaración ministerial, el sacerdote Heladio Ávila confesó que anteriormente había realizado ataques similares en agravio de niños “en otras poblaciones”, donde “estuvo asignado, pero nunca antes había tenido problemas”.[14] Estas afirmaciones quedaron asentadas en el expediente 16862/96 del juzgado undécimo de lo criminal.[15]

En su defensa, la arquidiócesis de Guadalajara adujo que el cura Ávila estaba mal de sus facultades mentales. Esta argucia, refiere Carlos Fazio, es “el socorrido recurso de declarar ‘enfermo’ a un violador, o inimputable, es decir, una persona que no tiene capacidad de un querer o entender”.[16]

El sacerdote en comento fue sentenciado a 15 años, cuatro meses de cárcel, siendo suspendido de sus funciones eclesiásticas.[17] No obstante, Heladio Ávila sólo purgó tres años en prisión. El 13 de agosto de 1999 salió de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco.[18] La periodista Sanjuana Martínez refiere que dicha libertad fue concedida “gracias a la intervención de sus superiores eclesiásticos”,[19] quienes le enviaron de nuevo a la “Casa Alberione”.

Al salir del penal, el Cardenal Sandoval Íñiguez ya esperaba al sacerdote, a quien restituyó de inmediato al frente de una nueva parroquia. A partir del año 2000, Ávila Avelar prosiguió celebrando misas y confesiones bajo la protección del arzobispo tapatío. En el Directorio Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara del año 2006, aparecía como clérigo en funciones de una parroquia de Tlaquepaque, en Jalisco.

Cuando un reportero entrevistó al cura Ávila, tiempo después de los hechos delictivos, y le preguntó si había estado mal de sus facultades mentales cuando abusó de los menores, éste respondió: “No, no fue cierto. Fui conciente. Sé que mi conducta no fue buena. Mi conducta hace daño…”.[20]

 El cardenal Sandoval nunca ha denunciado a ningún cura pederasta. Si el sacerdote Heladio Ávila fue procesado penalmente, no lo fue por la intervención del arzobispo tapatío, quien conocía de su tendencia paidófila, sino porque los padres de las víctimas acudieron a las instancias judiciales en lugar de los tribunales eclesiásticos. Si el arzobispado de Guadalajara conocía de los abusos sexuales del citado clérigo, como hasta aquí se ha documentado, es entonces cómplice de las agresiones perpetradas a los menores, por haber tolerado a este religioso al esconderlo y cambiarlo de parroquia.

En el caso de los seis sacerdotes pederastas, el cardenal Sandoval está en la obligación de denunciarlos ante la autoridad civil, porque de lo contrario incurriría en el delito de encubrimiento.

La ropa sucia se lava en casa

El 10 de abril de 2002, el arzobispo de Jalapa, Sergio Obeso, en el contexto de la la LXXIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pronunciaría una frase que daría la vuelta al mundo. Interrogado sobre la posibilidad de que la Iglesia católica mexicana hablara de los casos de abusos sexuales del clero de manera pública, expresó: “La ropa sucia se lava en casa”.[21]

El obispo Renato Ascencio, de Ciudad Juárez, aceptó abiertamente que los casos de pederastia cometidos por sacerdotes y religiosos son juzgados por las autoridades eclesiásticas en sus tribunales y bajo sus propias “penas”: “No nos corresponde estar entregando a nuestros hijos a la autoridad civil; nos toca juzgarlos según nuestras leyes”.[22] Explicó que “así como un padre no entrega a la justicia civil a un hijo que ha cometido un delito, los obispos no tienen la obligación de entregar a las autoridades a los sacerdotes infractores”. [23]

El arzobispo Luis Morales, de San Luis Potosí, reiteró que “no corresponde” a los jerarcas católicos denunciar a los sacerdotes pederastas. Las aseveraciones de los prelados fueron interpretadas por algunos especialistas como la reivindicación –por parte de los obispos–, de un “fuero especial” eclesiástico para encubrir delincuentes.[24]

Conclusiones

¿Por qué el cardenal no acepta ninguno de los cientos de casos de pederastia clerical? La periodista Sanjuana Martínez explica con precisión esta interrogante:

Cuando el cardenal reconozca el primer caso de uno de sus sacerdotes y lo denuncie a las autoridades policiacas tendrá que empezar a pagar la reparación del daño a las víctimas que claman justicia y verdad, algo que no está dispuesto a hacer. La Iglesia de Estados Unidos ha desembolsado más de dos mil millones de dólares en compensaciones a las más de cien mil víctimas de cinco mil sacerdotes. La Iglesia católica de México ni un solo centavo.[25]

 Estas acciones, sin duda alguna, nos revelan el “verdadero rostro del cardenal”.


NOTAS

[1] Milenio, 18 de marzo de 2010.

[2] El Universal, 17 de abril de 2002, p. 16ª.

[3] Ídem

[4] Ídem

[5] Ídem

[6] Jorge Zepeda Patterson et. al., Los intocables, Planeta, México, 2009, pp. 14-15.

[7] Ídem,  p. 48.

[8] http://elrespetable.com/item-lamenta-pederastia-pide-ver-a-buenos-sacerdotes

[9] El Occidental, 11 de julio de 1996, p. 14ª.

[10] Siglo 21, 12 de julio de 1996, p. 21.

[11] Ídem

[12] El Occidental, 12 de julio de 1996, p. 14ª.

[13] Siglo 21, 12 de julio de 1996, p. 21.

[14] Ídem

[15] Ídem

[16] Carlos Fazio, En el nombre del Padre. Depredadores sexuales en la Iglesia, Océano, México, 2004, p. 241.

[17] Cambio, n. 45, 21 al 27 de abril de 2002, p. 14.

[18] Ídem

[19] Sanjuana Martínez, Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical, Planeta, México, 2007, p. 53.

[20] Carlos Fazio, op. cit., p. 242.

[21] El Universal, 11 de abril de 2002.

[22] La Jornada, 13 de abril de 2002.

[23] Ídem

[24] Fazio, op. cit., p. 245.

[25] Zepeda, op. cit., p. 49.

 

Página de inicio

En dos décadas se acentuó la deserción de la feligresía católica


 

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2010/03/29/

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La Jornada Jalisco, 29 de marzo de 2009, p. 3.

En dos décadas se acentuó la deserción de la feligresía católica

Por Juan Carlos G. Partida

En 1950, el 98.21 por ciento de las personas mayores de cinco años en México declaró ser católico, mientras que en el año 2000, el 88.73 por ciento dijo profesar este credo, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). En Guadalajara, por su parte, entre 1980 y 1990, un total de 189 mil 381 personas dejaron de profesar la religión católica, de manera oficial, de acuerdo a la historiadora Laura Campos Jiménez.

“Datos extraoficiales señalan que cerca de 28 millones de mexicanos han desertado de las filas del catolicismo y han optado por otra confesión religiosa o han dejado de ser creyentes. A este respecto, y siendo menos conservador, el propio cardenal Sandoval afirmaba en 1997, que ‘para el año 2000 podría haber 30 por ciento de mexicanos no católicos’”, dice la especialista en su ensayo El cardenal Sandoval, la indiferencia religiosa y el Estado laico en México.

“En este texto planteo, desde mi punto de vista, cuál es el móvil de la jerarquía eclesiástica en su pugna contra el Estado laico mexicano: la desbandada religiosa, el secularismo actual y la pérdida de influencia y poder en la sociedad contemporánea”, agrega.

Campos Jiménez dice que a nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha reconocido que tan sólo 7 de los 89 millones de mexicanos que dicen ser católicos, son practicantes (el 6.7 por ciento de la población), de acuerdo a un reciente estudio del Instituto Mexicano de Doctrina Social.

En el ensayo trata de presentar las razones por las que ha crecido la deserción de fieles católicos. Un fenómeno reconocido desde hace varios años por el propio Sandoval Íñiguez, quien afirma que los jóvenes de estas generaciones “crecen como paganos”, al carecer de formación religiosa.

“Ante tales aseveraciones, resulta discutible el hecho de que el arzobispo de Guadalajara no presente ninguna autocrítica o análisis imparcial en donde ofrezca respuestas claras sobre los orígenes del “indiferentismo religioso” que, como él mismo reconoce, se vive en la actualidad, sin asumir, por otro lado, algún grado de responsabilidad ante tal situación”, dice la historiadora por la Universidad de Guadalajara.

Explica que el “indiferentismo religioso” y “desbandada religiosa” caminan en un mismo sentido. Y luego ejemplifica: En América Latina, de acuerdo a cifras publicadas por la CEM, alrededor de 12 mil personas abandonan cada día las filas de la iglesia católica. De 1970 a 1990, 40 millones de latinoamericanos dejaron de ser católicos.

Dinosaurios, sotanas y matrimonio

La cascada de datos continúa en el trabajo de la especialista, quien afirma que no obstante que la grey católica decrece porcentualmente, es un hecho que la jerarquía católica en México está imposibilitada para atenderla personalmente.

“En primer lugar, porque la mayor parte de la citada feligresía, tiene escaso o ningún interés en acercarse a los clérigos para ser formada en la fe que dice tener. Por otra parte, quienes sí tienen ese interés (el 6.7 por ciento de la población), no alcanzan a ser atendidos dado el insuficiente número de sacerdotes (13 mil 380 en México), cuestión, por otro lado, que no parece tener solución porque las vocaciones sacerdotales no crecen a la par de la supuesta demanda del pueblo católico”.

Un dato revelador es que el promedio de edad de los sacerdotes en activo es de 57.3 años en promedio, lo que agrava sin parar el déficit actual. No se trata entonces sólo de la indiferencia religiosa, sino de la propia imposibilidad de la jerarquía eclesiástica “que sigue viendo, de manera inevitable, el éxodo de fieles a otras alternativas religiosas”.

Campos Jiménez también señala el mito que significa el retiro sexual al que deben someterse los sacerdotes, pues en el país existen “cerca de dos mil curas católicos casados, y el hecho de que la CEM no sabe que hacer con ellos y con el problema colateral que este hecho representa”.

“Hoy, alrededor de 90 por ciento de las mujeres que abortan y toman la píldora anticonceptiva, son católicas. La escasez de curas, el colapso del sacerdocio en muchos países y los escándalos sexuales suscitados al interior del clero, han causado desencanto en grandes sectores de la sociedad.

 

Por la “libertad religiosa”

La historiadora se muestra extrañada que la jerarquía católica mexicana, pese al evidente estado descrito en el anterior contexto, continúe su abierta intervención en política, con la participación por supuesto de los propios políticos.

“Aunque un amplio sector de la sociedad se pronuncie en desacuerdo con esta injerencia y perciba que la actual estrategia episcopal (apoyada en el gobierno federal y en los medios de comunicación que tradicionalmente están a su servicio), sea un continuo y sistemático ataque al Estado laico, con lo cual estaría buscando la forma de recuperar los privilegios que la élite jerárquica disfrutó sin contrapesos hasta la época de la Reforma en el siglo XIX”.

Considera que ante tal panorama, la jerarquía católica enfoca sus cabildeos, negociaciones, alianzas y ex comuniones para lograr que el artículo 24 constitucional sea modificado, en el apartado sobre libertad de creencia y culto para suplirlo por el de libertad religosa.

Ello permitiría introducir la educación católica en las escuelas públicas, subvención estatal para los ministros de culto y para sus actividades litúrgicas; la operación de capellanías militares en las instalaciones castrenses, el control directo de medios de comunicación electrónicos, entre otros pliegos petitorios.

“La jerarquía católica pretende trasladar el culto, la instrucción religiosa y el confesionario a las escuelas públicas, ante su evidente fracaso en el terreno de la catequesis en nuestro país y la consiguiente desbandada religiosa, como atinadamente lo reconocen el cardenal Sandoval y los obispos mexicanos en su conjunto”, concluye la historiadora.

La Jornada Jalisco, 29 de marzo de 2010, p. 3 (haga click).

Ensayo: El cardenal Sandoval, el indiferentismo religioso y el Estado laico en México (haga click)

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El Informador, 30 de marzo de 2010, p. 2B (haga click).

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La influencia decreciente de Juan Sandoval

                                                                                                                                                                                                

Por Juan Carlos G. Partida

Pasada una de las épocas principales de la Iglesia católica durante el año, queda muy claro que la crisis de esta agrupación cristiana en Jalisco está en severa caída libre porque ni sus muy tradicionales representaciones del vía crucis logran recuperar el fervor de antaño, perdido en el paganismo de las nuevas generaciones que con tanta tristeza reconoce el cardenal San Juandoval Iñiguez. 

Los datos de las unidades de Protección Civil de que no se reunieron más de 25 mil asistentes durante los llamados días santos en la Judea en Vivo que se realiza en San Martín de las Flores, son un síntoma que no puede ocultarse. Máxime cuando se trata de un hecho que cada año es más notorio ante la baja de espectadores. 

“Yo no ví, pero yo sé que van muchos. No te creas, a la mejor fue un canchanchán de Protección Civil y tú le creíste”, dijo el purpurado cuando se le cuestionaron los motivos de la baja afluencia, una respuesta muy al estilo científico de la Iglesia católica y su reconocimiento siglos después de comprobado de que la tierra si es redonda o que gira alrededor del sol. 

Ante la evidencia de cómo baja la feligresía, lo que no quiere decir que disminuya la fe en Jesús como el representante trinitario del poder divino, lo mejor es irnos a datos oficiales de otros canchanchanes. Por ejemplo en 1950, el 98.21 por ciento de las personas mayores de cinco años en México declaró ser católico, mientras que en el año 2000, el 88.73 por ciento dijo profesar este credo, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

En Guadalajara, por su parte, entre 1980 y 1990, un total de 189 mil 381 personas dejaron de profesar la religión católica, de manera oficial, de acuerdo a la historiadora Laura Campos Jiménez, una estudiosa  de la Arquidiócesis que preside San Juandoval. 

“Datos extraoficiales señalan que cerca de 28 millones de mexicanos han desertado de las filas del catolicismo y han optado por otra confesión religiosa o han dejado de ser creyentes. A este respecto, y siendo menos conservador, el propio cardenal Sandoval afirmaba en 1997, que ‘para el año 2000 podría haber 30 por ciento de mexicanos no católicos’”, dice la especialista en su ensayo El cardenal Sandoval, la indeferencia religiosa y el Estado laico en México.

Campos Jiménez dice que a nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha reconocido que tan solo 7 de los 89 millones de mexicanos que dicen ser católicos, son practicantes (el 6.7 por ciento de la población), de acuerdo a un reciente estudio del Instituto Mexicano de Doctrina Social.

“Ante tales aseveraciones, resulta discutible el hecho de que el arzobispo de Guadalajara no presente ninguna autocrítica o análisis imparcial en donde ofrezca respuestas claras sobre los orígenes del “indiferentismo religioso” que, como él mismo reconoce, se vive en la actualidad, sin asumir, por otro lado, algún grado de responsabilidad ante tal situación”, dice la historiadora por la Universidad de Guadalajara.

Explica que el “indiferentismo religioso” y “desbandada religiosa” caminan en un mismo sentido. Y luego ejemplifica: En América Latina, de acuerdo a cifras publicadas por la CEM, alrededor de 12 mil personas abandonan cada día las filas de la iglesia católica. Esto se representa al recordar que de 1970 a 1990, 40 millones de latinoamericanos dejaron de ser católicos.

Si la curia jalisciense insiste en querer ignorar lo que es tan evidente y que se ha mostrado no solo en las judeas, sino en celebraciones tan importantes como las peregrinaciones a las parroquias de San Juan de los Lagos, Zapopan o Talpa, es evidente que no llegarán a ningún lado y permitirán que la deserción y la decepción por la propia actuación de los miembros de la Iglesia y sus dirigentes, crezca con resultados aún más trágicos para quienes viven de la fe ciudadana.

Por eso extraña que aún ante el evidente desencanto, ante la influencia cada vez menos trascendente de la Iglesia sobre sus supuestos seguidores, aún continúen teniendo potestad sobre los anquilosados políticos jaliscienses sin importar color partidista o filiación personal. Por algo será que aún temen a las ex comuniones dictadas desde la vena de los intereses terrenales.

http://elrespetable.com/item-la-influencia-decreciente-de-juan-sandoval

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“La función social de la historia”, en el análisis de Enrique Florescano


 

El historiador Enrique Florescano, en la Cátedra Julio Cortázar.

El historiador Enrique Florescano, en la Cátedra Julio Cortázar.

Por Laura Campos Jiménez

El historiador Enrique Florescano, de visita en Guadalajara, impartió las charlas “Memoria e Historia” e “Historia y Ficción”, en el Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana “Julio Cortázar”, el pasado 24 y 25 de marzo.

El día 26, el historiador veracruzano dictó la conferencia magistral “La función social de la historia”, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

En este diálogo, el autor del libro “Memoria mexicana” destacó la importancia del papel que ha jugado el historiador en la sociedad en todas las épocas.

Uno de los aspectos analizados en estas charlas, fue el de la memoria colectiva de los pueblos como fuente primaria del quehacer histórico: “La memoria es la relación viva del presente con el pasado, mientras que la historia es una representación del pasado [...] Conocer el desarrollo histórico de los pueblos equivale a situarnos en nuestra propia circunstancia histórica”, refirió el reconocido académico.

En otro momento, el doctor Florescano definió el perfil que, según su opinión, debe reunir el historiador contemporáneo:

El historiador debe recoger el gran ámbito de la historia para hacer más rica, más expresiva y más clara su obra […] Debe utilizar bien la composición, la trama, el lenguaje y el estilo para que su obra llegue más al público. Eso lo vienen haciendo los historiadores desde hace mucho tiempo, pero siempre basados en la fuerza y la sustentación del documento, de la investigación histórica.

Al día de hoy, muchas corrientes de investigación histórica han abandonado el lenguaje hermético, especializado del historiador, sin abandonar el rigor, las fuentes y los métodos del historiador. Uno puede escribir de una manera más elegante, atractiva, pero sin dejar de fundamentar esa obra en los datos duros que constituye la base de la investigación histórica.

La historiografía académica, separada de la realidad social

En la ponencia “Memoria e historia”, Enrique Florescano reveló, a manera de reflexión, que existe un divorcio tácito entre el historiador y la sociedad:

La comunidad académica en general de historiadores -comentó-, está ocupada en sus problemas de ascenso, de reconocimiento, etcétera; esto es una realidad, desafortunadamente […] Si lo analizamos en profundidad y vemos el mecanismo interno que articula a las instituciones académicas, vamos a encontrar cosas muy semejantes a lo que vemos en la mecánica de los partidos políticos, cada uno en su distinto nivel: hay una separación de la realidad social de la academia y esto ha afectado a que no se lee la historia que interesa a la población sino, más grave aún, al dejar un vacío éste es ocupado por otros que usurpan y aprovechan esa coyuntura precisa.

Los medios de comunicación han sustituido la función social de la historia, que sería divulgar a un sector mucho más amplio que el grupo de historiadores la interpretación del pasado. Creo que eso está ocurriendo por la poca consecuencia o responsabilidad social del historiador, es decir, el historiador de nuestros días, sea en Europa, Estados Unidos, México o Hispanoamérica, cada vez se ha encerrado en el círculo de los historiadores y adopta a veces, un lenguaje hermético o especial de su área, de su especialización, y esto hace que no haya comunicación con quienes no son historiadores y hay entonces una brecha, una separación, un foso, entre la investigación histórica-académica y el público en general.

Esto es grave, porque está ocurriendo de forma más generalizada, y está haciendo perder al historiador el gran público que está interesado en la historia. En el mundo, en la ciencia y en la historia hay vacíos, hay quienes llenan ese vacío. En general, lo está llenando el cronista. A veces como estos historiadores no tienen el título de la Universidad como maestro o doctor de historia, son minusvalorados o despreciados incluso por el historiador profesional; pero muchos de ellos tienen un gran público y muchos tienen éxito.

La televisión, la prensa y el radio, son ahora los grandes difusores que esa historia que el historiador profesional no difunde. Estos medios están supliendo la función social del historiador.

 

“La historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos”

La ponencia magistral que Enrique Florescano dictó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, se dividió en nueve bloques, en la que el investigador y académico habló de la historia como un “registro de la temporalidad”, como un recurso para encontrarse con lo extraño y remoto y como una “reconstrucción crítica del pasado”.

La importancia de la historia y su enseñanza, dijo, radica en que “el conocimiento es indispensable para preparar a niños y jóvenes para que vivan en sociedad. Que conozcan el presente a partir del pasado que lo ha construido”. En la parte final de su discurso, el doctor Florescano refirió que “la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos”.

Héroes y cristeros


 

Por Juan Carlos G. Partida

El noticiero del lunes por la noche en el local canal 4 de Televisa nos ofreció una serie de perlas de esas tan comunes en la cosecha del cardenal San Juandoval Íñiguez. Resulta que recientemente la Iglesia La Luz del Mundo publicó varios desplegados en medios impresos en los que afirmaba que Miguel Hidalgo y Costilla, conocido mío desde la primaria como padre de la patria, murió excomulgado por la Iglesia católica, la cual está empeñada en limpiar su pasado reescribiendo la historia (como hace unos días aquí señalamos en el tema de los “santos mártires cristeros”) y ha negado tal ex comunión.

“Haya sido lo que haya sido, cuando estuvo preso en Chihuahua antes de morir lo confesaron, lo auxiliaron, le dieron la comunión, lo sepultaron ahí en una glesia. ¿Si hubiera estado excomulgado le hubieran dado la confesión y lo hubieran sepultado en una iglesia? Son falsedades”, dijo el cardenal, quien agregó: “Y si lo excomulgaron no fue porque se levantó en armas, que quede claro, fue porque ya levantado en armas fue y anduvo violando conventos, para sacar los bienes o para ultrajar a las religiosas. Fue por violar conventos, por eso, no por la independencia”.

Como dijo una cosa, dijo otra, es cierto, pero queda claro que el afán sigue siendo subirse al barco conmemorativo por el bicentenario del nacimiento de México como país (supuestamente) libre, señalando el patriotismo que ha caracterizado a esa institución religiosa pese a todas las evidencias históricas que señalan que fue todo lo contrario, al estar primero del lado de los colonizadores, después de los conservadores que buscaban regresar el virreinato y siempre contra el Estado laico, con todas las muertes que eso significó entre sus fieles.

Se entiende que los intereses eclesiales deben buscar siempre el mejor acomodo en cada época histórica, como también ha sido su tradición. Pero dado el pasado y el presente de su jerarquía, lo mejor es que mantuvieran un poco de congruencia con lo que siempre han sido y no dar pie para quedar otra vez evidenciados.

(La Jornada Jalisco, 6 de enero de 2009, Ágora: http://www.lajornadajalisco.com.mx/2010/01/06/index.php?section=opinion&article=004o1pol).

 

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Las contradicciones del cardenal 

Por Laura Campos Jiménez

El cardenal Sandoval, al afirmar que Miguel Hidalgo no fue excomulgado por iniciar y encabezar el movimiento insurgente sino por “ultrajar religiosas” , se contradice a si mismo y exhibe ignorancia en el terreno histórico.

La excomunión de Hidalgo está plenamente demostrada, pues se han publicado los documentos de su proceso, mismos que diversos autores, desde Toribio Medina (en su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion) hasta el conservador Lucas Alamán, reprodujeron y comentaron.

El historiador Lucas Alamán, quien fue ideólogo del conservaurismo y enemigo de Hidalgo, reconoció ese hecho, al afirmar en su Historia de Mejico que

“Las armas de la Iglesia se empleaban también con el mayor empeño para reprimir la revolución. Luego de que el obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, tuvo conocimiento de ella, publicó el 24 de septiembre un edicto, en el que calificaba a Hidalgo y sus compañeros de perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos y perjuros, declaró que habían incurrido en la excomunión mayor [...]por haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del convento del Carmen de Celaya, aprisionándolos y manteniéndolos arrestados; prohibió, bajo la misma pena de excomunion mayor,  que se les diese socorro, auxilio y favor, y exhortaba y requería, bajo la misma pena, al pueblo que había sido seducido y seguía al cura con título de soldados y compañeros de armas, a que lo desamparasen y se restituyesen a sus hogares, dentro de tercer día desde el que tuviesen noticia de aquel edicto” (Lucas Alamán, Historia de Mejico, Jus, México, 1972, pp. 250-1).

Las excomuniones de las que fue objeto Hidalgo (de los arzobispos, obispos y la Inquisición), fueron por encabezar el movimiento insurgente. Si bien es cierto que éstas fulminaciones eran esencialmente políticas, su propósito principal era desacreditarlo ante el pueblo como  “hereje”, “cismático”, “sacrílego”, etcétera, en el momento en que era líder de dicho movimiento.

De las 53 acusaciones que el Tribunal del Santo Oficio imputó a Hidalgo, no se documenta la relativa a “ultrajes” a religiosas. Si Sandoval tiene un edicto de excomunión que indique este delito, que lo presente y aporte a la historiografía un aspecto inédito del prócer.

Al ser esto imposible de demostrar, Sandoval simplemente está incurriendo en el truco de desviar el tema, o refutar un punto que no es el que está en disputa (esto se llamaba antiguamente ignoratio elenchi: ignorancia de la refutación). No solo exhibe su ignorancia en el terreno histórico, sino también miente pretendiendo confundir a la opinión pública.
  
El punto no es si Hidalgo murió excomulgado, sino que había sido excomulgado como una medida de la jerarquía católica para combatir la revolución de Independencia que él encabezaba.

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