Carta a Proceso


Llama a sancionar al presidente por faltar al Estado laico

 
 
 
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Proceso, n. 1825, 23 de octubre de 2011, p. 95.
Sección Palabra de Lector.
 
Señor director:
 
Le solicito la inserción de esta carta en la gustada sección Palabra de Lector del semanario a su digno cargo.
 
Durante la inauguración de la Plaza Mariana, el pasado 12 de octubre, el presidente Felipe Calderón violentó la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el carácter laico del Estado mexicano.
 
Acompañado del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y del cardenal Norberto Rivera, afirmó que todos “los mexicanos somos guadalupanos sin importar fe o creencias”. Asimismo, refirió que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad. Somos guadalupanos (…) y, para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos (…) la Basílica de Guadalupe es un factor de integración social, de afianzamiento de la identidad nacional y de la unidad…”.
 
Ese discurso de Calderón, además de ser discriminatorio y lesivo de los derechos humanos, lapida la citada “unidad” y polariza a las minorías religiosas y a los no católicos, quienes suman el 16 % de la población. Revivió así el viejo discurso eclesiástico que pugna por que se identifique mexicanidad con catolicismo.
 
Al expresar que “somos guadalupanos”, nos guste o no, y que la citada imagen es “representativa de todos los mexicanos”, Calderón antepone sus creencias personales a su investidura presidencial, quebrantando con ello la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo artículo tercero señala que “el Estado mexicano es laico”, y que éste “no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna”.
 
El presidente Benito Juárez, en Apuntes para mis hijos, señaló que “los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.
 
Cuando Calderón alude al guadalupanismo como “signo de identidad”, debería recordar que al ser impuesto dicho culto en nuestro país (en la primera mitad del siglo XVI), la cruz y la espada de los conquistadores violentaron la religiosidad prehispánica, sembrando confusión y división entre los naturales. Por otro lado, el censo de 2010 reveló que nuestro país es cada vez menos católico y, por ende, menos guadalupano, por lo que la aseveración del presidente, además de ofensiva, resulta errática y anacrónica.
 
A mi juicio, no se debe tolerar el hecho de que un presidente de la República, al hacer una apología religiosa de dichas dimensiones, trasgreda el orden constitucional. El Poder Legislativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) están obligados a actuar en consecuencia. La consolidación del Estado laico en nuestro país se los demanda. (Carta resumida.)
 
 
Atentamente
 
Laura Campos Jiménez
Historiadora por la Universidad de Guadalajara
camposjmz@gmail.com
 
 http://www.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=285563
 
 
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Felipe Calderón, durante la campaña presidencial de 2006, firma estampitas de la virgen de Guadalupe a sus posibles electores.
Felipe Calderón, durante la campaña presidencial de 2006, regala y firma estampitas de la virgen de Guadalupe a sus posibles electores.

  

I N I C I O

Demandan a la CNDH investigar violación del Estado laico en Jalisco


Impugnan resolución del ombudsman estatal sobre la macrolimosna para santuario cristero

María de los Ángeles Moreno y Enoé Uranga instan a la comisión nacional a definir su postura

Los 30 millones de pesos desviados a la obra ya habrían sido reintegrados a las arcas estatales


Periódico La Jornada
6 de octubre de 2011, página 35
 
Por Víctor Ballinas y Andrea Becerril
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La senadora priísta María de los Ángeles Moreno Uriegas y la diputada perredista Enoé Uranga demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defina públicamente su posición sobre el Estado laico e investigue la queja prsentada contra el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, por el desvío de 30 millones de pesos, parte de una donación para construir en Tlaquepaque del santuario de los Mártires Cristeros, obra promovida por la arquidiócesis de Guadalajara.

En conferencia de prensa, las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.

Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos.

Interrogado sobre la pertinencia de usar fondos públicos para esa obra, con la cual la arquidiócesis espera ganar 3 mil millones de pesos sólo por venta de criptas, el gobernador dijo que eso no era problema suyo y que el interés de su gobierno era promover el turismo religioso.

La oposición se generalizó y un mes después las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sumaron casi 5 mil. En un acto público, el gobernador injurió a los opositores al proyecto.

A mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco, dijo a finales de abril, en evidente estado de ebriedad, durante una cena para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ligada también a la arquidiócesis de Guadalajara.

“Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan (Sandoval Íñiguez, el cardenal ahí presente), absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos, más intereses, que entre el 24 de marzo y el 23 de junio sumaron 563 mil 533 pesos, según Julio García Briseño, tesorero de la fundación.

En la conferencia de prensa estuvieron también los activistas que impugnaron ante la CNDH la resolución de su homóloga estatal: Jaime Hernández, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo; Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara; la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes exigieron que la CNDH actúe con independencia y siente un precedente en favor del Estado y de la cultura de la legalidad.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/06/estados/035n1est 

 

I N I C I O

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