Da carpetazo la CEDHJ al caso de la “macrolimosna”


 Por  Laura Campos Jiménez

A tres años de distancia del donativo que hiciera el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, al Arzobispado de Guadalajara para la construcción de un santuario cristero, y luego de la manifestación ciudadana en contra de la llamada “macrolimosna”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a través de  la Quinta Visitadora Norma Robledo Terrazas (oficio 712/2008-V), envió un resolutivo en donde se afirma que carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestinaron el uso discrecional del erario, bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público.

De acuerdo al resolutivo, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.

Con los argumentos que presenta la CEDHJ, se está validando la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, se reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

camposjmz@gmail.com

Notificación de la resolución de la CEDHJ en torno a la “macrolimosna”

El 2 de abril de 2008 presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, oficio 814/08-V), en contra del gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 30 millones de pesos que entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus testaferros, para la construcción de un santuario dedicado a los santos cristeros.

Reconozco que  me sentí profundamente lastimada al saber que el dinero de los impuestos sería utilizado para financiar la construcción de un recinto religioso, dedicado a honrar a quienes a principios del siglo pasado se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano, quemaron escuelas, asaltaron trenes, mutilaron maestras y maestros y realizaron acciones –algunas de ellas ilegales– para implantar en nuestro país un gobierno confesional.

Al conocer el fallo de la CEDHJ y ser notificada que mi queja carece de sustento -al igual que las 7 mil quejas interpuestas en 2008-, he decidido interponer un recurso de impugnación ante dicha resolución. Considero que mis argumentos fueron desdeñanos y minusvalorados. En este sentido, estimo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe intervenir y hacer una revisión objetiva e imparcial del resolutivo en comento.

I.-  Resolución completa de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en torno a la macrolimosna (25 de febrero de 2011). 36 hojas. (archivo PDF, haga clik).

ONG impugnarán carpetazo de CEDHJ a más de 7 mil quejas por la macrolimosna

II. La Jornada Jalisco, 13 de mayo de 2011, p. 7.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

  http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/13/index.php?section=politica&article=007n2pol

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Carta publicada en el semanario Proceso, n. 1803, 22 de mayo de 2011, pp. 79-80.  Haga clik en la imagen para ampliar el documento.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleImpreso/154080

 

El expediente incómodo

El cardenal Juan Sandoval (izquierda), y el gobernador Emilio González Márquez, durante la entrega del donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, el 24 de marzo de 2008.
El cardenal Juan Sandoval (izquierda), y el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, durante la entrega del donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, el 24 de marzo de 2008 en Casa Jalisco.
 
Por Laura Campos Jiménez
 
Comparto con ustedes, amables lectores, un resumen de la resolución emitida por la CEDHJ  el pasado 25 de febrero (de 36 hojas), en donde añado algunos comentarios, esperando que esta información pueda ser de utilidad.
 
En el siguiente link puede obtener el expediente completo: Resolución de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en torno a la macrolimosna.
 

a) El pretexto que emplea la CEDHJ para avalar la violación al Estado laico, es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales,  porque da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

b) El gobernador de Jalisco, al dar dinero a una asociación religiosa para promover el culto de ésta, violó el Estado laico, de eso no queda la menor duda. La gravedad del caso no radica en el “conducto” que se haya empleado, sino en el destino de los recursos públicos.

c) El propio arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, evidenció el carácter tramposo de esa maniobra, cuando, en un primer momento, agradeció el donativo al gobernador y luego, forzado por las protestas ciudadanas contra la “macrolimosna”, optó por devolver el dinero que había recibido y agradecido: si no lo recibió él de parte del gobierno estatal, según dice la CEDHJ, entonces, ¿cómo pudo haberlo devuelto?, ¿cómo puede alguien devolver algo que nunca llegó a sus manos? Entonces, en realidad, el dinero sí lo recibió y la mencionada Asociación Civil fue sólo un intermediario, una pantalla, un prestanombres…

d) La CEDHJ exonera al gobernador de Jalisco, y demás funcionarios, de haber violado los derechos humanos en el caso de la “macrolimosna”.

e) El donativo entregado por el gobernador de Jalisco al arzobispado de Guadalajara, fue recibido por el cardenal  Sandoval. No se benefició, entonces, una “institución privada”  (cuyo nombre revela el objeto de su creación), sino una asociación religiosa.

f) La CEDHJ da por cerrado este caso exonerando al gobernador de Jalisco y demás funcionarios. ¿Será necesario que los siete mil quejosos ofrezcan una disculpa pública al gobernador de Jalisco por “difamación”, “daño moral” y “violación a sus derechos humanos” en el caso de la “macrolimosna”?

Impugnan resolución de la CEDHJ en el caso de la “macrolimosna”

Vista panorámica del santuario de los mártires cristeros.

 Por José Luis Villegas

El pasado 17 de mayo fueron interpuestos tres recursos de impugnación en contra de la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, de fecha 25 de febrero de 2011), quien dio su fallo a favor de la “macrolimosna”, suceso en donde el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó 30 millones del erario para la construcción de un santuario cristero (marzo de 2008), y posteriormente despotricó con ofensas a quienes criticaron dicho donativo.

Para la CEDHJ -de acuerdo al citado resolutivo-, González Márquez  no quebrantó el Estado laico, ni violentó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni discriminó a las minorías religiosas, ni violó la garantía de igualdad entre personas físicas y morales, ni incurrió “en ejercicio indebido de la función pública”. Por si esto fuera poco, el informe precisa que “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”, lo que deviene en una virtual exoneración al mandatario estatal (véase  Resolución completa de la CEDHJ, 36 hojas. ).

La respuesta oficial de la CEDHJ a las siete mil quejas ciudadanas interpuestas en 2008 en contra del donativo del gobernador, es cuestionable -y lamentable- desde el punto de vista jurídico, ético e histórico.  Con esta resolución se valida, en la práctica, la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.

El doctor Jaime Hernández (de camisa blanca), da a conocer algunos aspectos de su impugnación.

Recursos de impugnación

Las impugnaciones en contra de la citada resolución, fueron presentadas en la oficialía de partes de la CEDHJ, de manera individual,  por el abogado Carlos González Garín, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A. C., asi como por el doctor Jaime Hernández Ortiz, presidente de la C. de Derechos Humanos 28 de mayo y la historiadora Laura Campos Jiménez, en su carácter de ciudadana y sin filiación partidista.

Para González Garín, con la resolución de la CEDHJ se exonera al gobernador y a los Secretarios de Finanzas y Turismo, además de que aquella se muestra “partidaria de la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, con lo que trasgrede los principios mismos de los derechos humanos y la democracia, y da la espalda a la ciudadanía que puso en sus manos este caso”.

“Existe plena incompetencia de la CEDHJ para sancionar los abusos del poder estatal y actuar conforme a los principios de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia. Su resolución es ilegal e inaceptable, pues tardó más de tres años en dictarse (art. 56 de la Ley de la CNDH habla de un máximo de un año), por lo que la impugnaremos ante la CNDH y los organismos internacionales, a través de los recursos de impugnación y petición”, advirtió el abogado.

El abogado Oscar González Garín, después de entregar su recurso de impugnación.

Trasgresiones al Estado laico

Jaime Hernández, por su parte, considera que la CEDHJ fue omisa en investigar el fondo de los hechos, motivo de casi siete mil quejas:  ”Es evidente que el gobernador y diversas autoridades del Estado violaron la legalidad, en este caso la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al intentar triangular un donativo que por un lado estaba prohibido, pues el gobernador es el titular de un poder estatal, el Poder Ejecutivo, integrante a su vez de la Federación e integrante del Estado mexicano, debiendo abstenerse de cometer violaciones de actos de preferencia, directa o indirectamente, de asociaciones religiosas”.

La historiadora Laura Campos, en su turno, señaló que el pretexto que usa la CEDHJ para avalar la violación del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias -fundamento del Estado laico- es que el dinero lo recibió formalmente una asociación civil, la Fundación Pro Santuario de los Mártires, que no lo aplicó a la “atención a la población necesitada en el estado”, como se señala, sino a un proyecto del arzobispado de Guadalajara.

Con ello, señala, “la CEDHJ está proponiendo una opacidad en el manejo de los recursos estatales, que da pie a que en lo sucesivo, la Iglesia católica, a través de sus fundaciones diocesanas, dupliquen asociaciones civiles afines donde puedan recibir dinero del erario para los requerimientos de la arquidiócesis de Guadalajara, sin “violentar el Estado laico” ni “quebrantar” la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.

La historiadora Laura Campos, señala casos concretos de violaciones al Estado laico.

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La impugnación a la resolución de la CEDHJ vista por los medios de comunicación

- Canal 44 (canal de la Universidad de Guadalajara)

Haga clik en la imagen para ampliar el texto.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/05/12/index.php?section=opinion&article=002a1pol

 http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2086373.htm

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